En esta campaña electoral hay temas recurrentes, entre ellos la maternidad, que es objeto de propuestas por parte de los partidos políticos con la intención de paliar en mayor o menor medida las consecuencias que la decisión de ser madre tiene para las mujeres. Ya he reflexionado en otra ocasión sobre el alcance de estas medidas que se ofertan y los efectos que para ellas pueden tener. Pero la reiteración de propuestas incita a tratar este tema de nuevo.
De entrada, hay que decir que la decisión de ser madre supone todavía para las mujeres asumir un riesgo laboral o profesional que no padecen los hombres. Se debe saber que en muchas empresas, algunas de gran dimensión y de referencia internacional que pasan por ser un modelo de gestión, y que por razones que entenderán no puedo mencionar, se practica como estrategia desincentivar el embarazo a las trabajadoras utilizando para ello muy diversos recursos, como destinos incómodos a las que acaban de contraer matrimonio, horarios incomprensibles a fin de dificultar una posible conciliación, cuando no vierten sus jefes sobre ellas veladas amenazas, siempre sin testigos, para que recapaciten acerca de las consecuencias de la decisión de ser madre. Incluso, cuando esto no ocurre, porque las mujeres se dedican a una actividad profesional, la masculinidad que caracteriza su ejercicio hace casi imposible que tener un hijo no influya en su promoción o, incluso, en el mantenimiento de su estatus. Me refiero a las abogadas, procuradoras, economistas, psicólogas, arquitectas, profesoras de universidad... Si a ello añadimos que en muchos casos se las contrata como autónomas para la realización de prestaciones que deberían estar cubiertas por un contrato de trabajo, el problema se acrecienta. Un problema que tampoco es menor en los contratos temporales, en los cuales, a pesar de lo que disponen las leyes o afirma alguna jurisprudencia, se prescinde de las mujeres que quedan embarazadas usando para ello triquiñuelas propias de pícaros.
Y éste es el problema de fondo de la maternidad, que aún no se ha aceptado que la sociedad en su conjunto, incluidos los actores económicos, deben asumir las consecuencias de la procreación. No lo ha asumido la sociedad ni tampoco muchos hombres que ven el nacimiento de sus hijos como un acontecimiento entrañable e, incluso, emocionante, pero que discurre al margen de sus preocupaciones laborales o profesionales. Y en este contexto, mientras que no se erradique el pensamiento y práctica dominante, las medidas que se arbitren no son más que paliativos de una situación estructuralmente injusta. Ocurre con las plazas de guardería para las niñas y niños de 0 a 3 años, que pueden ser una buena solución siempre que éstos no se pongan enfermos, lo que es casi imposible, pues los virus y bacterias pululan por sus aulas, y cuando ello ocurre es la mujer, de nuevo, la que tiene que padecer su maternidad en perjuicio de su trabajo, a no ser que se recurra a los abuelos, o se cuente con una empleada, de nuevo otra mujer, para que venga a ejercer una función que parece que sólo incumbe a las madres.
Y entre tanto, muchas mujeres que quieren trabajar y prosperar profesionalmente renuncian a un derecho que les asiste, con el drama de que ni siquiera pueden utilizar las guarderías.
