El propietario de la inmobiliaria Contsa declarada en suspensión de pagos, José Salas Burzón, que actualmente se encuentra en libertad aunque imputado por los presuntos delitos de estafa piramidal, administración desleal, falsedad contable e insolvencia punible, ha presentado a los acreedores una propuesta de convenio en la que propone pagar el 50% de sus deudas en el plazo de cinco años, tal y como habían planteado un grupo de unos 800 acreedores para evitar la liquidación de la empresa.
José Salas, que ha comparecido en la mañana de este viernes ante un grupo de periodistas acompañado por su abogado, Tulio García O'Neill, ha explicado que se trata de una propuesta "viable" mediante el alquiler de todos los bienes de la empresa y "la única posibilidad", pues "no hay más cartas, ya que sabemos que si la empresa se va a liquidación nadie cobraría un duro, y como eso es seguro, tenemos que agarrarnos a un clavo ardiendo, que es el convenio".
Su letrado ha explicado que un grupo de 800 acreedores, liderados por el letrado Javier Loscertales, ya presentó una propuesta de convenio al Juzgado de lo Mercantil, pero el juez comunicó que había defectos de forma que había que subsanar en un plazo de seis días. Por ello, y ante la imposibilidad de que este grupo de acreedores pudiera subsanar los defectos que presentaba su propuesta, desde la propia empresa se decidió presentar un convenio "prácticamente idéntico" al planteado por los acreedores.
"Si el convenio no se admite, volvemos a la fase de liquidación, y eso lo queremos evitar a toda costa", según ha proseguido el letrado, quien ha informado además de que la propuesta va acompañada de un proyecto económico y lleva aparejada una comisión de vigilancia y control formada por hasta cinco acreedores, al objeto de que "sean ellos los que lleven el control del convenio".
En este sentido, y tras señalar que el próximo día 24 de febrero, a partir de las 10,00 horas, hay convocada una junta de acreedores que se pronunciará sobre la propuesta lanzada desde Contsa, el letrado ha precisado que la propuesta prevé, "salvo circunstancias excepcionales de la economía", el pago del 50% de los créditos ordinarios y subordinados hasta un plazo de cinco años, de manera que en el primer año no se pagaría nada y antes del segundo se abonaría un 5%
Críticas a los administradores concursales
Con ello "damos vía a que la economía despunte un poco y el patrimonio valga más", ha apuntado José Salas, quien ha arremetido contra los administradores concursales aseverando que "han ido desde el primer día a la liquidación", punto en el que se ha preguntado "qué patrimonio había en marzo de 2008 y cuál hay hoy, esto es algo que deben contestar los administradores". "Todo los inmuebles están abandonados, han reventado las puertas de los chalet de Soto Grande, no se paga la luz ni la comunidad y no se ha alquilado nada, y las tierras de Brenes están secas", ha apostillado.
"Por el contrario, ellos sí se han preocupado de tener suficiente dinero para cobrar sus minutas", ha proseguido José Salas, quien ha añadido que "me gustaría saber por qué los acreedores y los abogados personados en la causa no le piden responsabilidades a los administradores y no les preguntan qué se está haciendo con el patrimonio", aseverando que "existe una pasividad absoluta y alucinante por parte de los acreedores y sus abogados, que sólo se han cebado conmigo". "Deberían pedir daños y perjuicios a los administradores", ha apostillado, para criticar que "todo mi patrimonio personal se está ejecutando y se está perdiendo absolutamente todo".
"Me duele porque es mi vida, mi empresa, y porque hay muchas personas implicadas, es una pena perder el patrimonio cuando éste se puede defender", ha apuntado Salas, mientras que su letrado se ha referido también a las "discrepancias" existentes con los administradores concursales y las "muchas" ejecuciones hipotecarias que están produciéndose en relación con el patrimonio inmobiliario de Contsa.
En esta situación, la sede central de la empresa en la calle Javier Lasso de la Vega de Sevilla salió a subasta el pasado 22 de diciembre y fue adjudicada a Banesto por 2,5 millones de euros, pero "había un defecto de forma y conseguimos que se declarase nula, por lo que se tendrá que celebrar nuevamente". Según ha detallado, la empresa cuenta con unos 50 inmuebles, de los que la "inmensa" mayoría están hipotecados, pero los administradores "no han hecho frente" a estas obligaciones y eso está llevando a las subastas.
