El Juzgado de lo Penal número 10 juzgará el 24 de junio y el 22 de julio a José Salas Burzón, el dueño de Contsa, por fraude fiscal. El dueño de Contsa, José Salas Burzón, se sentará por primera vez en el banquillo de los acusados por la estafa piramidal que supuso su empresa y que provocó que se abriera un procedimiento judicial, además del concurso de acreedores de la entidad. El juicio tendrá lugar los días 24 de junio y 22 de julio en el Juzgado de lo Penal número 10 y en el mismo el empresario se enfrentará a siete años de prisión, y su esposa, María del Carmen Bautista, a seis, por defraudar 2,8 millones de euros a Hacienda. Además, Salas Burzón tiene pendiente otra causa en la que se enfrenta a 13 años de prisión
Salas Burzón tiene abierta, además, otra causa en la que se enfrenta a una petición del fiscal de 13 años de cárcel por un delito societario, otro de insolvencia punible y otro de estafa en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil, por la quiebra de Contsa, que fue declarada en concurso con 1.658 acreedores y un déficit patrimonial de 87 millones.
En este juicio el fiscal le pedirá siete años de cárcel y una multa de 5,7 millones de euros; mientras que a su mujer le reclama seis años de cárcel y una multa de 2,7 millones por cuatro delitos contra la Hacienda Pública, que se habrían cometido al defraudar en las declaraciones de la Renta de los años 2003 a 2006.
Además de las multas y de las penas de prisión, la acusación pública reclama que entre ambos indemnicen a Hacienda con la misma cifra que defraudaron, 2,8 millones de euros, más los intereses de demora. También solicita que se les impongan las costas del juicio y que no puedan acceder a subvenciones, ayudas públicas o beneficios fiscales o de la Seguridad Social durante 20 años.
En su escrito de acusación el Ministerio Pública explica que el dueño de Contsa eludió estos pagos en sus declaraciones de la Renta de 2005 y 2006, evitando pagar algo más de un millón de euros, por lo que se le imputan delitos contra la Hacienda Pública en concepto de autor. A su esposa, en cambio, se la considera cooperadora necesaria, para defraudar más de millón y medio de euros en las declaraciones de 2003 a 2006.
