El Ejecutivo traspasará a la Junta la gestión de los maestros de religión

Es otra propuesta del informe sobre la reforma administrativa para ahorrar gastos

el 08 dic 2013 / 21:01 h.

El informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA)incluye otras recomendaciones sobre competencias educativas pero, en este caso, no se trata de retirar una gestión a Andalucía como la propuesta sobre las becas que ha soliviantado a la Junta, sino al contrario, de que la comunidad asuma la gestión de los profesores de religión en Infantil y Primaria que no asumió en su momento conjuntamente con los de Secundaria. El Gobierno planea así traspasar la gestión de los maestros de religión a Andalucía, Aragón, Canarias y Cantabria. De nuevo se esgrime el ahorro como argumento, aunque sin cuantificar, pero también que ahora el Ministerio de Educación no puede controlar “adecuadamente” su labor. En realidad, el control de todos los profesores de religión es limitado porque su sueldo corre a cargo del erario público pero los contrata la Iglesia. El informe señala que “no hay razón alguna que justifique la falta de traspaso a las cuatro comunidades que aún lo tienen pendiente” y da un plazo de un 12 meses para hacerlo. Según el Gobierno, este traspaso sería “llevar su puro y debido efecto la asunción de las competencias que en materia de enseñanza no universitaria establecen los Estatutos de Autonomía” de estos territorios. El informe asegura que aunque “no es fácil determinar” el ahorro que supondrá “sí es cierto que el coste del profesorado de religión se ha ido incrementando en los últimos años y el número promedio permanente de profesores sustitutos se considera muy elevado, con lo que el traspaso va a suponer, sin ninguna duda, un ahorro de costes para la Administración General del Estado”. Andalucía tiene transferidas las competencias en Educación desde los años 80. El Gobierno traspasó los efectivos o las dotaciones presupuestarias para pagar a los profesores de religión de ESOpero no los de Infantil y Primaria. La razón principal, según el documento del Gobierno, fue el conflicto que se abrió cuando se incumplió la previsión contenida de los acuerdos con la Santa Sede de equiparar su salario al de los interinos antes de 1999, con “un sin fin de procedimientos” que acababan “condenando siempre al Estado a pagar esas diferencias retributivas”. En 2007 un Real Decreto definió la situación de estos profesores.

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