La Junta de Andalucía rechazó el martes el expediente de regulación de empleo dictado por el Ayuntamiento de Valencina de la Concepción que preveía el despido de 32 empleados de la corporación municipal. Una negativa basada en la falta de condiciones objetivas financieras que justifiquen una medida como la que ya se ha aprobado para Almensilla. La decisión de la Delegación de Empleo se interpreta a modo de advertencia para aquellos que barajen acudir a esta opción para paliar la asfixia financiera que sufren.
De momento, ya saben que no será tan fácil resolver sus cuentas recortando puestos de trabajo de la plantilla y que no podrán utilizar con tanta alegría la excusa de la crisis inmobiliaria para esconder lo que no es más que la consecuencia de su mala gestión financiera y de las alegrías con las que algunos se manejaban cuando pensaban que los buenos tiempos nunca se acabarían. El ejemplo de Valencina es muy sintomático: poco antes de las municipales de 2007, el anterior alcalde, del PSIV, hizo indefinidos a 72 trabajadores. Un año después, y con un regidor del PSOE, 32 se pueden ir a la calle.
Los ayuntamientos deben manejarse con criterios de eficiencia en la gestión que eviten situaciones como la descrita, pero tampoco se haría justicia si se subrayasen estas deficiencias y, sin embargo, se obviara la precariedad financiera que sufren. El Estado apenas les da participación en el reparto de los fondos públicos y la mayoría se encuentra sin partidas para atender unas demandas que, en ocasiones, no son ni de su competencia.
Políticos y expertos coinciden en la necesidad de alcanzar un pacto sobre financiación local que proporcione los fondos necesarios para que atiendan a las necesidades de sus vecinos. En tanto llegue ese momento, y con una crisis de por medio, lo acontecido en Valencia y Almensilla se repetirá en otros municipios sevillanos. Al tiempo.
