Ahora que en el sector privado corren peligro muchos puestos de trabajo, cobra mayor valor si cabe, la figura del empleo público como paradigma de seguridad y estabilidad. La preocupación que en estos días asalta a una gran mayoría por las consecuencias que está teniendo en sus respectivas empresas la crisis contrasta con la tranquilidad que deben tener aquellos que ejercen su labor profesional bajo el manto protector de algunas de las administraciones públicas con las que contamos.
En definitiva, la incertidumbre que acongoja a aquellos que se ven abocados al despido nada tiene que ver con la tranquilidad y mesura que deben tener nuestros funcionarios, seguros como están de por vida de su puesto de trabajo. Todo un mérito, que desde luego ha de quedar claro, se lo han ganado a pulso, que conste. Y cuando vienen mal dadas acuden rápidamente las autoridades para resolver el problema no vaya a ser que hagan más ruido de la cuenta.
Se quedan sin plaza fija de bomberos, es un poner, y, sin más dilación, bloquean el paso del Metro Centro. Pero no hay que inquietarse, habrá hueco para todos a pesar de que los tribunales echen para atrás, una y otra vez, distintas convocatorias de oposiciones por no respetarse el principio de igualdad, vamos, por estar amañadas para permitir así que se cuelen unos cuantos escogidos.
Absentismo y conflictividad laboral. La seguridad de la que gozan tiene que ser tal que se permiten una ausencia masiva de sus puestos de trabajo afectados por un súbito mal que nuestro sistema de salud es incapaz de detectar como lo que es, todo un fraude y, sin embargo, no les pasa absolutamente nada. Se denuncia el escandaloso índice de absentismo laboral que se registra en determinados organismos públicos y, lejos de admitir las cifras oficiales e inobjetables, se enfadan y ponen en marcha una caza de brujas, para detectar quién ha podido filtrar la información que les cuestiona su indudable entrega al trabajo.
Cierran filas responsables públicos y sindicatos con tal de que no se descubra el pastel de unos convenios que contienen auténticos privilegios que consiguen, fundamentalmente, gracias a una cuidada estrategia sindical contra la que poco pueden hacer unos mandatarios más preocupados de la posible erosión electoral antes que de la eficacia y la mejora de la gestión pública.
La crisis como oportunidad. Está bien eso de insuflar dinero del Estado y la Junta a los ayuntamientos para la puesta en marcha de obras que den empleo a parados. Pero, de igual modo, sería conveniente que se introdujera más rigor y sentido común a la hora del gasto corriente, tanto de las instituciones locales como las del resto.
Sólo con comprobar el largo listado de sus plantillas es suficiente para imaginarnos las mareantes cifras que suponen el pago de nóminas y demás. Se requiere, por tanto, más racionalidad, entre otras cosas, para no echar por tierra, esas ambiciosas campañas en busca de emprendedores. Qué mejor emprendimiento que un confortable puesto de funcionario, libre de riesgos, libre de toda sospecha, al abrigo de unos generosos y rumbosos dirigentes públicos.
