El encierro del alcalde de Los Palacios recibe el apoyo de sindicatos, oposición y otros ediles

El líder palaciego del PP, Antonio Romero, y el alcalde de Carrión de los Céspedes, Ignacio Escañuela son algunos de los políticos que le apoya

el 26 mar 2014 / 22:45 h.

El alcalde de Los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle, termina hoy jueves, junto a su equipo de gobierno, un encierro en Diputación que comenzó el martes y que busca reivindicar ayuda extraordinaria de las Administraciones superiores para paliar la asfixia económica. Este problema de tesorería es compartido por otros muchos municipios de la provincia, pero el caso extremo de Los Palacios no sólo ha empujado a su primer edil a recurrir a los encierros como última medida sino que ha terminado por aglutinar en su apoyo a toda la plantilla municipal; a sindicatos que desde el principio de la legislatura le censuraban su inacción, como UGT; a una decena de alcaldes de otros pueblos; e incluso al líder del PP palaciego, Antonio Romero, que ayer acudió a Diputación a mostrarle su «apoyo crítico, pero apoyo en todo caso». Uno de los ediles que se ha solidarizado con Valle es el de Carrión de los Céspedes, Ignacio Escañuela, quien opina que es necesario que el Gobierno central proponga y articule un nuevo sistema de financiación local que permita a los Ayuntamientos desarrollar adecuadamente todas sus competencias. Además, Escañuela insiste en la idea de flexibilizar las devoluciones de los fraccionamientos a la Hacienda autonómica. El regidor palaciego, después de casi dos días de encierro, lamentaba ayer que el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, «no se haya dignado a aparecer por aquí», e insistió a los delegados sindicales del Ayuntamiento que lo visitaron en que «esto es solo el principio». Asimismo, adelantó que acompañaría a los trabajadores de su Ayuntamiento el día de la marcha andando al Parlamento, fijado para el 10 de abril. Por su parte, el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, insta a Valle a a que se dirija al Estado y a la Junta de Andalucía porque a la Diputación «no se le puede pedir más».

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