Hoy entra en vigor una de las normas fundamentales para hacer efectivo el Pacto por la Vivienda. El decreto que agiliza los trámites para que los ayuntamientos saquen suelo al mercado impone excepciones al discutido POTA, de las que se benefician la mayoría de los pueblos pequeños.
Aunque la Junta de Andalucía ha evitado en todo momento hablar de flexibilización de la norma urbanística que más la enfrentó a la patronal, la negociación del Pacto por la Vivienda con los ayuntamientos y los empresarios llevó a matizar las limitaciones que el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) establece, según la cual los municipios andaluces no podrán crecer en territorio más del 40% y en población más del 30% durante los próximos ocho años.
En el Pacto por la Vivienda ya quedó claro que los suelos industriales no computarían en la limitación al crecimiento del territorio y que los municipios de menos de 10.000 habitantes quedaban exentos de la limitación del 30% para el crecimiento de su población siempre que contaran con equipamientos suficientes para asumir más habitantes y que en la última década hubieran crecido por debajo de la media andaluza (10,2%).
Sin embargo, el texto definitivo del decreto -aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 22 de enero y publicado ayer en el BOJA- permite aplicar esta excepción también a los municipios pequeños que hayan crecido por encima de esa media del 10,2% "siempre que, en cada caso, estén garantizados las dotaciones, equipamientos, servicios e infraestructuras que establezca la legislación vigente".
En Andalucía hay 625 pueblos de menos de 10.000 vecinos. La Consejería de Obras Públicas fijó alrededor de 500 los que podrían beneficiarse de la excepción, contando sólo los que habían crecido en los últimos diez años por debajo de la media andaluza. Con el decreto definitivo, la Consejería no cree que la cifra de municipios beneficiarios aumente mucho. Sin embargo, se ha resistido hasta el último momento a introducir lo que califica de "salvaguarda" para que localidades preparadas para asumir más población no queden fuera.
Si el POTA ha sido el proyecto legislativo más complejo para la titular de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, el decreto que abre la vía a una nueva reinterpretación llega a un mes de las elecciones y con la Consejería en manos del que fuera su viceconsejero, Luis García, tras la renuncia de Gutiérrez para optar a un escaño en el Congreso. De hecho, la información sobre la aprobación del Decreto en Consejo de Gobierno fue la última comparecencia pública de Gutiérrez como consejera. Allí explicó que los nuevos límites al crecimiento poblacional quedaban en el 40% para los pueblos de 5.000 a 10.000 vecinos, el 50% para los de 2.000 a 5.000 y el 60% para los menores de 2.000.
