El Expediente de Regulación de Empleo de Mercasevilla es uno de los proyectos de la anterior dirección investigado por la Justicia y cuestionado por la oposición por el coste de los servicios de mediación y por su diseño: fue el segundo en un lustro, afectó a una tercera parte de la plantilla y se planteó no para reducir plantilla sino para rejuvenecerla.
De los 63 empleados que se podían acoger a este proceso pactado en 2007, entre ellos el imputado Daniel Ponce, unos 40 lo han hecho ya. El problema es el coste de este acuerdo que de momento asume en solitario Mercasevilla y que puede agravar el agujero económico ya existente en la empresa. Las cuentas no salen. De momento, el mes de octubre aún no se ha abonado –aunque el Consistorio asegura que ya se ha hablado con el Banco Vitalicio para que lo pague a partir del lunes– y el Ayuntamiento va a mantener una reunión con la Junta para que participe económicamente, planteamiento que la Consejería de Empleo rechaza.
Al contrario de lo que ocurrió en el ERE de 2003, la Junta, según subrayaron desde la Consejería de Empleo, no colabora económicamente en este expediente. De hecho, se rechazaron las peticiones en este sentido de Mercasevilla, según fuentes consultadas, que insisten en que la Administración autonómica sólo cumplió su obligación: ratificar un acuerdo entre la dirección y el comité. En el propio expediente se recoge que la dirección de la empresa debe suscribir “una póliza de seguro con una entidad solvente –fue el Banco Vitalicio– para garantizar a los trabajadores las prestaciones”. El modelo es el siguiente: la empresa debe pagar a empleados con más de 50 años la diferencia entre la prestación por desempleo y la tabla que elaboró la consultora Vitalia.
El comité de empresa teme una paralización del proyecto por su coste y por un desacuerdo entre la Junta y el Consistorio. Su relato de los hechos es distinto. Según la plantilla, hasta el mes de abril pagaba Mercasevilla, pero a partir de ese momento le correspondía a la Junta de Andalucía asumir su parte. Y ahí se está produciendo el problema porque Empleo no quiere pagarlo y Mercasevilla no puede.
Las dos versiones, la de Mercasevilla y de los trabajadores, coinciden en cualquier caso en un punto: el coste del proceso es “desmesurado”, según varias fuentes y puede provocar un agujero económico aún mayor a una empresa cuyas cuentas han sido “maquilladas” los últimos tres años. En la presentación de las cuentas de 2008 ya se advertía de que el ERE había provocado un “resultado negativo de la cuenta de explotación” y en la auditoría de Pricewaterhousecoopers se señalaba que al año tenía un coste de 417.000 euros. El proceso está ahora siendo cuestionado por la dirección de la empresa, lo que ha abierto un nuevo frente interno al gerente Jordi Maymó.
Ante esta situación, la plantilla ha anunciado un calendario de movilizaciones por la paralización del ERE y en contra de los planteamientos de los mayoristas de pescados. Serán las segundas movilizaciones que afronte Maymó, a quien el Gobierno local apoya, aunque con un matiz: no estará en el cargo más de un año.
