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El ‘escándalo’ de la democracia escolar

La ley permite a la Junta aprobar a alumnos suspendidos. Un profesor de otro centro analiza como experto si la prueba se ajusta a la programación.

el 26 sep 2010 / 20:25 h.

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Dos alumnas del Buen Pastor, donde se ha dado el caso.

A veces algo que ocurre todos los días se convierte en un acontecimiento excepcional simplemente porque la gente descubre algo que no sabía. Cuando ese acontecimiento se desprende de un derecho consolidado en el sistema escolar, un derecho que los ciudadanos ignoraban que tenían, cabe preguntarse cuántos más cauces democráticos están en dique seco. En este caso ha saltado a la opinión pública la reclamación de un padre que no compartía las medidas educativas que un profesor ejercía sobre su hijo. Al muchacho, matriculado en uno de los centros concertados más demandados de Sevilla -el colegio Buen Pastor- le habían suspendido un examen, y su padre pidió una revisión al maestro, después al departamento de la asignatura y, al final, llevó su protesta a la Delegación Provincial de Educación, que volvió a aprobar al niño de manera definitiva.

Los índices de participación de las familias en la escuela andaluza son en la actualidad tan bajos -apenas un 10% vota en los consejos escolares- y el nivel de reivindicación de los alumnos es tan ínfimo, que un procedimiento tan habitual como reclamar la nota de un examen se ha convertido en un acontecimiento excepcional. A muchos le ha sorprendido que un padre y su hijo se enroquen contra el criterio del profesor. Al profesor en cuestión -que además es el director del colegio- le ha indignado que la administración haya corregido la evaluación del chico y se ha sentido "desautorizado y ultrajado". La patronal concertada CECE, que representa al Buen Pastor, ha acusado a Educación de vulnerar "la autonomía pedagógica" del centro, y ha anunciado que recurrirá en los juzgados.

En realidad hace más de 10 años que el reglamento de los colegios regula el procedimiento de reclamación. Pero la aplicación de este derecho sigue siendo residual: a las delegaciones provinciales llegan 500 revisiones de examen al año en toda Andalucía, alrededor de 100 en Sevilla, y sólo entre 25 y 30 se fallan a favor del estudiante y en contra del profesor. La mayoría se dan en los últimos cursos de la ESO, en Bachillerato y en FP, donde el alumno se juega más a la hora de promocionar de curso.

Cuando un estudiante lleva la reclamación a la delegación, un inspector llama a su instituto y pide que le envíen el examen suspenso del chico y la programación de la asignatura. Después busca a un profesor de otro instituto que imparta la misma asignatura y le cita en calidad de experto para que revise el examen y vea si encaja en la programación. "A mí me recibió el abogado de la delegación. No te piden que rehagas el trabajo de un compañero. Sólo que compruebes si lo que le han preguntado en el examen aparece en la programación", dice Pepe Carvajo, profesor de un ciclo sanitario de FP, que fue convocado a una comisión de reclamación.

La programación didáctica es un documento de unas 100 páginas en el que se explicita al detalle todo lo relacionado con una asignatura: los contenidos, la metodología, los criterios de evaluación... Todo. Los contenidos mínimos de cada materia están definidos en la ley. Luego cada colegio, en el ejercicio de su autonomía, y cada maestro, con su libertad de cátedra, puede ampliar o desarrollar ese esquema según su criterio.

Teniendo en cuenta este criterio, al examen suspenso del Buen Pastor se le dio la vuelta, no porque la Junta sea menos exigente que el colegio, no porque se coartara la cátedra del maestro o la autonomía del centro, sino porque había contenidos en el examen que no aparecían en la programación. Y porque los criterios de evaluación de la prueba fueron distintos a los del documento.

Un profesor tiene margen para plantear su materia como quiera, pero todo lo que se le ocurra debe estar descrito con claridad en la programación. Si por ejemplo el profesor de Ciencias pretende llevarse a sus alumnos de excursión a Doñana en octubre, debe estar recogido. Si el de Historia quiere hacer prácticas de Arte en iglesias de Sevilla, debe aclararlo. Si hay un examen sorpresa en noviembre, debe constar. "Después de que se apruebe la programación, ya no hay margen para la improvisación. De hecho, si el profesor cae enfermo y se pone de baja, su sustituto debe atenerse al mismo programa", señala Carvajo.

Esto da una imagen bastante estática de la enseñanza. Si llega a Sevilla una exposición sobre el cuerpo humano que el profesor no hubiera programado, o si abren junto al colegio una fosa del franquismo, quizá valdría la pena alterar el plan en Ciencias e Historia. "Tendríamos que pedir permiso al consejo escolar", dice Carvajo. La pena es que el sector de la comunidad educativa menos representado en los consejos escolares son los padres. Hasta que un día descubren sus derechos.

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