El inmenso bosque de la actualidad, cientos de noticias que pugnan cada día por copar los titulares de los medios de comunicación, nos impide detenernos a examinar con atención cada uno de los acontecimientos singularmente importantes. El caso de la droga robada en las dependencias de la Jefatura Superior de Policía de Sevilla hace la friolera de seis meses, además de constituir un escándalo por sí mismo, está teniendo el detestable corolario de que los presuntos traficantes no puedan ser juzgados al haber desaparecido las pruebas inculpatorias.
Hemos perdido la cuenta de las veces que se ha dicho que el desenlace de la investigación era inminente y que se estaba a punto de poner a sus autores a disposición de la autoridad judicial. El desprestigio que ello conlleva para un Cuerpo, el de la Policía, ejemplar por tantas razones, alcanza en esta ocasión cotas indeseables. El propio ministro del Interior volvía hace unos días sobre el asunto dando garantías de que pronto se sabría la verdad. Nada podría satisfacer más a la opinión pública que esa ocasión hubiera sido la definitiva. Pero siguen pasando los días, unas noticias tapan a otras y se corre el peligro de que el gravísimo suceso de las dependencias policiales de Blas Infante caiga en el olvido.
Las preguntas que con harta perplejidad se hace la gente: ¿Cómo es posible que de en un lugar supuestamente bien custodiado desaparezcan nada menos que cien kilos de cocaína, sustituida por yeso o cualquier otro polvo blanco?, porque no cabe en cabeza humana que sin la complicidad y la connivencia de ciertos elementos se pudiera llevar a cabo semejante trueque. Y una de dos, o existe una especie de juramento de omertá o los investigadores de la unidad de Asuntos Internos son en este caso epónimos colegas de Mortadelo y Filemón. Dicho sea con todo el respeto que nos merece la Policía Nacional.
Es muy razonable que no se quiera dar pasos en falso ni anticipar conclusiones que pudieran ser equivocadas. Pero no es menos cierto que desde el mes de mayo ha transcurrido tiempo más que suficiente para esclarecer las claves de un robo que forzosamente está circunscrito a un reducido número de sospechosos. El caso debería constituir una absoluta prioridad, entre otras cosas por la alarma social y el auténtico escándalo que despierta su prolongada oscuridad.
Entre las distinciones profesionales que poseo, me enorgullece especialmente el Premio que en 2003 me concedió la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas por "la decidida actuación y labor en apoyo de la lucha contra las toxicomanías", decía el acta de concesión de este galardón que, por cierto, compartí con el juez Baltasar Garzón. Tal circunstancia explica que, no más que otros ciudadanos, pero sí con enfática disposición, alce la voz para pedir a quien corresponda que más pronto que tarde se llegue al fondo de este escándalo, caiga quien caiga, antes de que lo sepulte la vorágine de la actualidad.
Periodista
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