Desde que empezaran a publicarse las informaciones sobre supuestas facturas irregulares de UGT Andalucía con cargo a programas de empleo de la Junta, el PP ha encontrado en la crisis del sindicato un filón con el que trata de poner entre las cuerdas al Gobierno de coalición de PSOE e IU. Es un déjà vu del caso ERE, aseguraron ayer los populares en el Parlamento. La farragosa comparecencia del consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, sobre el proceso de revisión de las subvenciones derivó en una guerra política en la Cámara. De un lado, socialistas e IU, que cerraron filas con la actuación de la Junta, defendieron el sindicalismo y cargaron contra la contabilidad B del PP. Enfrente, un Partido Popular crecido que apuntó directamente a la presidenta andaluza, Susana Díaz, como responsable política de este escándalo.
El guión estaba claro de antemano. El PP-A no dejó escapar la ocasión de destapar las vergüenzas de un nuevo fraude en el uso del dinero público. Dijo estar viviendo un déjà vu del caso ERE por la pasividad con la que la Junta se está enfrentando a la crisis abierta en UGT-A. El portavoz parlamentario, Carlos Rojas, trató de arrinconar al Ejecutivo de izquierdas con sus denuncias y con cuatro peticiones directas a los socios de Gobierno. La primera, que pongan encima de la mesa los 17 expedientes que la Junta está revisando de ayudas al sindicato. La segunda, que permitan la comparecencia del líder federal de UGT, Cándido Méndez. La tercera, que la Junta acuda a los tribunales están mirando para otro lado, criticó el PP, y la cuarta, que no se le dé ni un euro más a al sindicato hasta que se aclare este escándalo.
¿Van a pedir ustedes al Gobierno de Mariano Rajoy que le quite las subvenciones al Partido Popular porque su contabilidad está siendo investigada?, contraatacó el consejero de Economía en su réplica final. Sánchez Maldonado compareció a petición propia (también lo pidieron PSOE y PP) para informar sobre el proceso de revisión de expedientes de ayudas a UGT-A. Pocos datos nuevos porque el procedimiento administrativo es de por sí muy enredoso.
La Junta está analizando 17 expedientes desde 2009 a 2012 por un importe de 7,5 millones. Hasta ahora se sabía que dos de ellos, que equivalen a 1,8 millones, habían sido declarados nulos y podría derivar en el reintegro del dinero por parte de UGT. El consejero avanzó ayer que hay otros tres expedientes que ya cuentan con las conclusiones del funcionario instructor, pero no dio la cifra en dinero porque, según dijo, aún no se han elevado al gabinete jurídico. Además, el Gobierno andaluz ha iniciado el procedimiento de revisión de oficio de cuatro expedientes más, es decir, de los 17 que se están investigando, en nueve de ellos se han detectado anomalías que el sindicato no ha podido justificar. El resto se encuentra en otras fases y hay una ayuda de 2012 que UGT directamente ha renunciado a ella.
PSOE e IU coincidieron en sus argumentos: pusieron en valor la transparencia de la Junta en este caso, defendieron a ultranza el papel de los sindicatos y dispararon contra los escándalos de corrupción del PP. No se pueden sembrar dudas del sindicalismo de base. Esa estrategia del PP contra sindicatos, empresarios y democracia no va a servir para tapar sus corruptelas, aseguró Rosalía Martín (IU). La diputada dejó claro que el camino de IU coincide con lo que está haciendo el Gobierno andaluz. José Juan Díaz Trillo (PSOE) criticó la doble moral del PP con la corrupción y se mostró convencido de que UGT asumirá su responsabilidad porque el sindicato y el PSOE somos de la misma madera que Pablo Iglesias.
Rojas se quejó de que PSOE e IU activen el ventilador y se defendió: El PP no cuestiona el sindicalismo sino los fraudes. No es una causa general contra la UGT, sino contra la corrupción, sentenció el popular.
