El 21 de septiembre de 2007, el Pleno acordó declarar el Centro zona peatonal e impulsar una ordenanza que restringía el acceso de coches al Casco Histórico y regulaba el uso de las bicicletas. Ha pasado más de un año. No hay cámaras ni controles. El tráfico es similar y continúan los 3.000 estacionamientos.
Es una de las ordenanzas más ambiciosas del Gobierno de Monteseirín y uno de los grandes retos del pacto de progreso. Pero prácticamente no se aplica. El Ayuntamiento dio un paso atrás tras recibir una avalancha de críticas de colectivos vecinales y empresariales, entre ellos firmas tan relevantes como El Corte Inglés, así como de la oposición. Tuvo que reflexionar sobre el proceso impulsado y admitir una cierta precipitación en sus planteamientos. Las restricciones tenían que ser graduales, flexibles y progresivas. El problema es que el marco legal aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, con los votos de los dos socios de Gobierno, que aludieron entonces a un "día histórico", no reúne ninguna de esas características. Si se cumpliera esta ordenanza, no habría zona azul en el Centro, ni aparcamientos subterráneos rotatorios, ni podrían circular los coches que no tuvieran un permiso específico.
El Ayuntamiento tardó unas semanas en darse cuenta. Y trazó entonces una estrategia de actuación que flexibilizaba la ordenanza ya en vigor. En primer lugar, se suprimió el plan de rescatar la concesión de los aparcamientos rotatorios para convertirlos en estacionamientos de residentes. En segundo lugar, se limitaron las restricciones al horario comercial. Por último, se apostó por un sistema de cámaras de control en los accesos que multasen a aquellos coches que accedieran al Casco Histórico sin permiso ni autorización.
Pero la reflexión continuó. Y caló en el Gobierno local un mensaje: el proceso de peatonalización no se podía realizar al margen de las medidas señaladas en el propio Plan General de Ordenación Urbanística como complementarias. No se podía vetar el acceso de los coches sin construir los aparcamientos disuasorios previstos en el entorno del Centro, sin poner en marcha la línea 1 del Metro y sin completar la ampliación del Metrocentro. Ante esta situación, el Ayuntamiento reaccionó dejando este debate en un segundo plano. Y reflejando esta marginación en los presupuestos: no se asignaron las partidas previstas para poner en marcha el sistema de vigilancia.
La capacidad del Ayuntamiento de desarrollar estas medidas complementarias se puso a prueba este año. Se han dado pasos. Pero deslavazados. El Distrito Centro realizó un buzoneo de los permisos de circulación para los vecinos. Con unos documentos donde constan las matrículas para unas cámaras que aún no tienen ni plazo para ejecutarse. Se intentó avanzar en la red de aparcamientos disuasorios, pero sin encontrar respuestas a las encrucijadas del Prado y la Barqueta, donde no hay forma -y este año tampoco presupuesto ni inversores- de hallar una ubicación para los subterráneos. El desconcierto quedó reflejado en la última propuesta del alcalde. Con esas dos iniciativas paradas, promovió una ampliación de Arjona.
El delegado de Movilidad, Francisco Fernández, no quiere hablar ya de plazos para el cierre del Centro. Su área ha desviado su atención hacia la Ronda. Se ha colado como prioridad al requerir de menos medidas complementarias. Y por ser, a su vez, una medida complementaria de la peatonalización del Centro. Se han reordenado los flujos de circulación y se ha iniciado una transformación del tráfico en la ciudad que abre, ahora sí, las puertas a la peatonalización. Si los trámites van a una velocidad adecuada, a principios de 2009 empezarán a funcionar las cámaras en los accesos al Casco Histórico. No será antes de que esté en marcha el Metro.
