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El Estado acusa a la Junta de cobrar por dependientes muerto

Crespo pregunta por 24 millones del Imserso para 4.194 pacientes ya muertos. La Consejería de Salud replica que sólo se detectaron 1.359 supuestos casos “irregulares”

el 17 ene 2013 / 21:07 h.

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En plena bronca política por los recortes en sanidad -Gobierno y Junta se acusan mutuamente de estar dinamitando el sistema-, la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, forzó aún más la tensión ayer al sugerir que el Ejecutivo andaluz ha defraudado dinero que recibió del Estado para dependientes, porque éstos ya habían fallecido. Crespo pidió ayer a la consejera de Salud, María Jesús Montero, que justifique los 24 millones de euros que la Junta recibió del Imserso entre 2007 y 2011 para financiar a 4.194 dependientes que, según ha dictaminado el Tribunal de Cuentas, "no pudieron percibir las ayudas porque habían fallecido".

En un comunicado, la delegada del Gobierno recordó que el Tribunal de Cuentas sostiene, en su último Informe de Fiscalización y gestión Económica y Financiera de la Ley de Dependencia -actualmente en periodo de alegaciones- que la Junta recibió a lo largo de esos cinco años transferencias por importe de 24.199.176 millones para financiar la dependencia de 4.194 personas que, según se ha comprobado, habían fallecido.

"La Junta deberá justificar debidamente qué uso se ha hecho de esos fondos y si los ha devuelto o los va a devolver al Imserso, como establece el Tribunal de Cuentas" declaró Crespo, quien insistió en que la Junta deberá explicar "en qué fallan los mecanismos de control de los beneficiarios de las ayudas públicas por parte de la Junta de Andalucía, ya que no es la primera vez que ocurre que no se justifican debidamente los fondos públicos transferidos por el Estado a la administración autonómica".

Crespo destacó la importancia que el Gobierno de Rajoy concede a la protección de los más desfavorecidos y recordó que, a 30 de noviembre de 2012, el Imserso había transferido a la Junta 345 millones para financiar la Ley de Dependencia, de acuerdo con el nivel mínimo establecido por la propia ley. La delegada del Gobierno respondió así a las declaraciones de Montero, que el día antes reprochó a Rajoy que Andalucía dejó de recibir en 2012 para dependencia 89 millones, recorte que se verá incrementado hasta los 125 millones en 2013.

Sobre la denuncia por las ayudas a dependientes fallecidos, la Consejería de Salud replicó a Crespo que tales cifras "son rotundamente falsas". La Junta explicó que el informe del Tribunal de Cuentas se refiere a un procedimiento de auditoría sobre la financiación de la Atención a dependientes que puso en marcha el Gobierno central de entonces "para velar por el cumplimiento del procedimiento y garantizar a los ciudadanos la correcta atención al detectar cualquier anomalía en el sistema". El informe remitido a la Agencia andaluza de la Dependencia refleja, en un fichero adjunto de nombres de usuarios, "1.359 casos de presuntas irregularidades".

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