El Estado asumirá el coste de la moratoria del pago del 50% de los préstamos hipotecarios que se va a conceder a desempleados y autónomos, y compartirá con los bancos el riesgo de morosidad que pueda haber en estas operaciones.
El Consejo de Ministros dio ayer el visto bueno al cuarto bloque de medidas aprobado en esta legislatura para afrontar la crisis, que estudiará de forma urgente el Consejo de Estado esta semana y que se aprobarán definitivamente en la reunión del Ejecutivo del viernes que viene.
De las ocho medidas anunciadas el lunes por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ayer el Consejo de Ministros dio el visto bueno a seis, ya que las otras dos se aprobarán en el marco del diálogo social. Una de las medidas más relevantes, la de la moratoria hipotecaria, se llevará a cabo mediante un acuerdo "con dos patas", según explicó el ministro de Economía, Pedro Solbes.
Por una parte, se exigirá un acuerdo entre interesado y entidad, mediante un documento privado que no tendrá ni costes registrales ni notariales. Por otra, el ICO deberá concertar los correspondientes convenios con las entidades, que por tanto no asumirán ningún coste por sumarse a la medida, en los que se determinarán las condiciones financieras y las garantías de dichas operaciones.
El coste lo asumirá el ICO mediante la concesión de créditos a las entidades que de forma voluntaria se sumen a la medida, según fuentes del Ministerio de Economía.
Las condiciones de los créditos concedidos a las entidades se negociarán en cada convenio, pero se intentará que el coste financiero sea el mínimo posible.
El límite del aplazamiento del pago de la hipoteca será de 500 euros al mes (12.000 euros en total), y las cantidades demoradas deberán devolverse desde enero de 2011 en un máximo de diez años, prorrateadas en las mensualidades del crédito. En el caso de que finalmente no se pague la hipoteca, el riesgo lo asumirán a medias el Gobierno y las entidades "de acuerdo a los términos establecidos", explicó Solbes, quien en cualquier caso recordó que los préstamos de vivienda son los últimos que, por lo general, dejan de pagar los ciudadanos con dificultades.
Solbes aclaró además que esta medida se ha negociado "permanentemente" con las entidades, a través de sus patronales, y que la predisposición para adoptar la iniciativa es "total".
