R. Velis / N. Jiménez
El Estado ha recurrido ante el Supremo para lograr mayor edificabilidad en el solar de Los Gordales, pese a que la Junta confiaba en que Madrid no bloquearía de nuevo el plan urbanístico. No obstante, el Ayuntamiento y la Junta insisten en que el recurso no afecta a la construcción de la Ciudad de la Justicia.
La polémica por la edificabilidad de Los Gordales ha llegado hasta el Tribunal Supremo, donde Patrimonio del Estado, propietaria del 60% de los terrenos, ha presentado un recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en la que desestimaba su reclamación de elevar hasta los 292.679 metros cuadrados la superficie edificable, frente a los 220.890 que establece el Plan General de Ordenación Urbana.
Según fuentes judiciales, el recurso se ha presentado recientemente, una vez que la Abogacía del Estado ya lo había anunciado con anterioridad, a la espera de su admisión a trámite, tras lo que se emplazará a las partes para que presenten sus respectivas alegaciones.
En el recurso, Patrimonio mantiene que la parcela debe considerarse "suelo urbano consolidado" y no como suelo urbano no consolidado, tal y como establece el PGOU, argumentando la doctrina constitucional de "no exigir sino los servicios básicos" y su "integración en la malla urbana", pues el solar sirve de "unión" entre Los Remedios y la zona de Tablada. El TSJA tumbó este argumento, al considerar que las infraestructuras actuales "son adecuadas para cumplir una efímera función urbanística en el recinto ferial".
Asimismo, el Estado considera que la reducción de metros fijada por la Junta de Andalucía es "inmotivada, arbitraria y atenta contra la autonomía municipal", pues afirma que es una competencia del Ayuntamiento. En este sentido, el Alto Tribunal andaluz consideró que la actuación de la Administración andaluza se hizo "sobre aspectos discrecionales como es el concepto de edificabilidad y no de oportunidad".
Según el Ayuntamiento y Junta, el pleito no afecta a la Ciudad de la Justicia, aunque hace casi un año sí era un obstáculo para levantar el complejo judicial, según la ex consejera de Justicia María José López.
Con la llegada a la Consejería de Evangelina Naranjo, estos obstáculos han desaparecido. De hecho, Consistorio y Gobierno andaluz defienden ahora que el contencioso planteado por el Estado no afecta a la disponibilidad de la parcela, pues se levantará en suelo municipal.
Además, el pleito planteado por el Estado afecta a la edificabilidad de los suelos con uso terciario (comerciales, hoteleros o para oficinas), según Urbanismo, y no al equipamiento público. Así, el Consistorio puede seguir con la redacción del plan parcial de la zona y, tras su aprobación, dar su visto bueno para que la Junta construya en su terreno. Los suelos que se destinarán a la Universidad de Sevilla, por tanto, tampoco se verán afectados.
No obstante, y pese a la insistencia de que el pleito no afecta, Patrimonio de la Junta aseguró hace ya meses que continuaría con las gestiones con el Gobierno de la Nación para intentar que retire el contencioso, porque los trámites serían más sencillos. Estas gestiones no han dado frutos y el Estado seguirá adelante para conseguir más edificabilidad en Los Gordales, es decir, para lograr que su terreno le reporte más dinero.
