cádiz n El polígono de Las Aletas que se estaba construyendo en Puerto Real no sólo era la gran esperanza de la Junta para crear la mayor bolsa de empleo del sector industrial en Andalucía. El Estado también se había implicado en este macroproyecto. El Tribunal Supremo ordenó paralizar las obras, aduciendo que el parque ocuparía una superficie protegida de la Bahía de Cádiz, violando la Ley de Costas. Saltaron las alarmas en el Gobierno regional, y estaba por ver si el Estado se echaba atrás o seguía con el plan.
La presidenta del Consorcio de Las Aletas, Juana María Lázaro, que fue designada por el Gobierno, reunió ayer a su organismo en Cádiz. “Tenemos que esperar a que la Abogacía General del Estado elabore un informe jurídico para ver de qué manera proceder”, dijo. El estudio, aún sin fecha, se hará “cuanto antes” para retomar los trabajos. Lázaro reconoció que “es indudable que la sentencia del Supremo nos exige concretar y justificar más los elementos sobre los que se ha articulado el proyecto”.
La presidenta recalcó que es “imprescindible disponer de un diagnóstico legal preciso sobre el alcance real del fallo y los instrumentos jurídicos para subsanar los problemas que ha puesto el Supremo y verificar su compatibilidad con el modelo diseñado para el crecimiento económico de la bahía”.
El Supremo aseguró que la elección de ese terreno no estaba suficientemente justificada.
