"El debate sobre el impacto del rascacielos en los Lugares Patrimonio de la Humanidad no está en el programa del Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco", aclara José Jiménez, director general de Bellas Artes del Ministerio de Cultura. Pero añade: "Un comité de expertos analizará el caso, que es muy complejo".
El Ministerio de Cultura adopta una posición salomónica. Tras escuchar a las dos partes (los que están a favor de la construcción de un rascacielos de 178 metros de altura en La Cartuja y los que se oponen por, entre otras razones, el "atentado paisajístico" que supondrá sobre el Casco Histórico de la ciudad), ha decidido que lo mejor era crear un grupo de expertos de solvencia profesional que analice el tema sin prisas pero sin pausa con vistas a emitir una resolución que será la que el Gobierno de España defienda ante la Unesco. Y como ese comité de expertos se ultimó ayer en su mayor parte, queda claro que el asunto no estará entre los 133 casos con problemática patrimonial que, a escala global, revisará el Comité de Patrimonio Mundial en su cita de Sevilla, que arranca el lunes.
En declaraciones a El Correo, Jiménez defiende que "ante un caso tan complejo, lo mejor es que sean los estudiosos quienes estudien el posible impacto de la Torre Pelli sobre los Lugares Patrimonio de la Humanidad de Sevilla" [el Alcázar, la Catedral y el Archivo de Indias]. Y adelanta los nombres: por parte del Estado, presidirá ese comité el catedrático de Teoría e Historia de la Restauración de la Universidad de Alcalá de Henares, Javier Rivera Blanco; y también en nombre del ministerio están Carlos García Vázquez, catedrático de Arquitectura de la Hispalense; y Juan Miguel Hernández de León, de la Escuela de Arquitectura de Madrid.
La Junta de Andalucía ha designado al arquitecto y profesor titular de Proyectos Arquitectónicos Pablo Diáñez Rubio, mientras que los intereses municipales los defenderá el arquitecto y ex consejero de la Junta Jaime Montaner. Según Jiménez, a estos cinco miembros podrían agregarse dos más: uno de la Unesco y otro de Icomos Internacional (la ONG vinculada a la Unesco y que representa la voz crítica con el proyecto de rascacielos). "Estamos pendientes de que confirmen si aceptan la invitación", apuntó.
Por delante tendrán poco menos de un año -hasta la cita anual del Comité Mundial del Patrimonio de junio de 2010, que será en Brasilia- para intentar consensuar una postura única.
La pregunta es obvia: si estos expertos van a llevarse un año sopesando si hay o no daño directo o indirecto sobre el vértice de oro patrimonial de Sevilla, y en paralelo los trabajos previos a la construcción de la torre marchan a doble turno de trabajo, ¿qué pasaría si el dictamen al final fuera contrario a la torre? Jiménez es tajante: "No sería serio que España transmita ante la Unesco que el asunto se está reflexionando a fondo y que a la vez nos pudiéramos encontrar, al cabo de un año, con una política de hechos consumados contradictoria. De todas formas, hasta donde sé, esos trabajos están en una fase muy previa, pero en cualquier caso, le reitero: si vemos que la obra avanza rápido, intentaremos que el trabajo de nuestros expertos se acelere más. No vamos a permitir que se pueda producir un daño irreversible a la ciudad antes de que consensuemos una postura al respecto".
Y apostilla: "Lo que dirimimos no es si el proyecto es o no legal, sino si se ajusta a la normativa supranacional de la Unesco".
