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El Estado denuncia al consistorio de Granada por dejar símbolos fascistas

La Abogacía del Estado ha llevado al Ayuntamiento de Granada a los tribunales por negarse a retirar una estatua dedicada a Primo de Rivera, fundador de Falange y muerto en el 36. El gobierno local, del PP, estaría incumpliendo el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica, que obliga a eliminar los vestigios de la dictadura y el fascismo.

el 16 sep 2009 / 06:46 h.

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La Abogacía del Estado ha llevado al Ayuntamiento de Granada a los tribunales por negarse a retirar una estatua dedicada a Primo de Rivera, fundador de Falange y muerto en el 36. El gobierno local, del PP, estaría incumpliendo el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica, que obliga a eliminar los vestigios de la dictadura y el fascismo.

Según confirmó ayer el Ministerio de Justicia, su abogacía ha presentado en el juzgado de lo Contencioso Administrativo 5 de Granada un recurso contra el acuerdo plenario del Consistorio granadino del 27 de febrero, por el que el equipo de gobierno, del popular José Torres Hurtado, desestimó la moción presentada por Izquierda Unida y secundada por el PSOE para retirar la estatua dedicada a José Antonio Primo de Rivera de la plaza de Bibataubín, ubicada en el centro de la ciudad.

Su recurso se suma a los dos ya planteados por la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica (Agrmh), que ya está estudiando el juzgado de lo Contencioso Administrativo 1. Es la segunda vez que el Gobierno acude a los tribunales por este motivo desde que se aprobó la ley de Memoria, en diciembre de 2007. El primer caso fue un recurso contra un auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que acusó al Ministerio de Fomento de no tener competencias para retirar, como hizo, una estatua del dictador Franco en Madrid.

Tanto el Gobierno como los familiares de represaliados usan los mismos argumentos: el monumento que recuerda al fundador de Falange contraviene el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica, en el que se insta expresamente a las administraciones -de todo tipo- a retirar todos aquellos "escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura". IU y PSOE comparten esa lectura de la norma y por ello se van a personar en la causa, "para seguirla de cerca", explicó ayer en rueda de prensa Lola Ruiz, la portavoz de IU. A su juicio, es una "vergüenza" mantener este "recuerdo del golpe" que, además, se halla "muy cerca de su antítesis, la libertad que representa la estatua de Mariana Pineda". El socialista Isidro Olgoso, pidió al alcalde que sea "valiente" y que, "independientemente de la postura que el PP adoptó en el trámite de la ley", ahora "la acate y cumpla" -la norma fue aprobada con el apoyo de todos los grupos del Congreso, salvo PP y ERC-. Olgoso no quiere que se elimine el monolito, sino que se traslade, "porque es historia y puede estar en un museo", pero la plaza "debe respirar libertad".

Desde el Ayuntamiento insistieron en que la obra debe mantenerse por su "valor artístico", pero la Agrmh insiste en que López Burgos, su autor, fue "un escultor menor", como han constatado con varios especialistas en escultura. "La obra además es un ilícito urbanístico, pues se levantó pese a que no hubo acuerdo municipal que lo autorizara", allá por 1953.

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