La Junta denunció ayer estar asistiendo al desmontaje por piezas de la política educativa andaluza. Una pata del sistema escolar de esta comunidad autónoma se sostiene en los programas educativos cofinanciados entre el Gobierno central y la Junta. Programas como la Escuela 2.0 que costea los ordenadores portátiles gratuitos en las aulas de Primaria y Secundaria, o el programa Educa3, que subvenciona la construcción y puesta en funcionamiento de las guarderías para niños de 0 a 3 años. Durante la última legislatura, Andalucía ha sido la comunidad autónoma que más activamente ha participado en esos programas, que obligaban a asumir el 50% del coste total. Algunas regiones gobernadas por el PP, como Madrid, la Comunidad Valenciana o Galicia, no estaban de acuerdo con las directrices de esos planes educativos, así que nunca participaron de ellos ni recibieron el dinero del Ministerio de Educación.
Andalucía, por tamaño y porque sus planteamientos estaban en plena sintonía con el ministerio de Ángel Gabilondo, fue la comunidad que más dinero recibió del Gobierno en materia educativa. También fue la que más dinero puso. Esto quiere decir que, a día de hoy, todos esos programas atraviesan transversalmente el sistema escolar andaluz. Están insertos en la política educativa de arriba abajo, en la Ley de Educación Andaluza, en los decretos, normas y reglamentos que rige el funcionamiento de las escuelas. Y todos esos proyectos van a quedar paralizados de inmediato, después de que el Gobierno central haya anunciado la cancelación de los mismos (el coste total en 2011 fue de 500 millones) y un recorte en el Ministerio de Educación de 623 millones respecto al 2011 (un 21,9% menos).
Es inimaginable que el Gobierno andaluz pueda asumir el coste total de esos programas sin el apoyo del Estado. El alcance de las consecuencias están todavía por definir. Por de pronto, una generación de alumnos andaluces trabajará con ordenadores en aulas preparadas para estudiar con las nuevas herramientas tecnológicas, y la generación que viene detrás, probablemente, tendrá que volver a la pizarra y a la tiza. Una generación de profesores se ha formado en idiomas en el extranjero, y la siguiente tendrá que aprender a hablarlo en estancias de inmersión lingüística dentro de España. Una generación habrá empezado la etapa Infantil de 0 a 3 años, como la primera franja educativa de sus vidas, y la siguiente asistirá a la guardería para estar al cuidado de un adulto mientras sus padres están en el trabajo. La secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Montserrat Gomendio, calificó ayer la etapa de 0 a 3 años como "asistencial", y no educativa, en contra de lo que establece la Ley Orgánica de Educación (LOE), aún en vigor, y la Ley de Educación Andaluza.
Gomendio advirtió que su departamento va a centrar los "esfuerzos" presupuestarios en desarrollar el plan contra el abandono escolar prematuro y el fracaso (Plan de Refuerzo, Orientación y Apoyo PROA), el aprendizaje de idiomas, un nuevo programa de TIC (aún por definir, pero con la mitad del presupuesto actual: de 100 a 41 millones) y dos para el refuerzo de la FP). Para los planes contra el abandono escolar y el fracaso, así como para el desarrollo del programa piloto de FP dual, que combina formación en el aula y prácticas en empresas, el Gobierno prevé contar con fondos de la UE, aunque todavía se desconoce el importe exacto. "Hemos conseguido que la UE establezca y defina como prioritarios estos programas y, por lo tanto, se van a incluir en el paquete de ayudas del Fondo Social Europeo y Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)", dijo.
La número dos de Educación explicó que el programa Escuela 2.0 es un proyecto "con una evaluación negativa, que ha consistido en la compra masiva de ordenadores portátiles (600.000), sin una política clara ni coordinación". Gomendio no aclaró qué pasará ahora con esos equipos que están ya instalados en las aulas, y se limitó a decir que serán las comunidades las que estudien qué hacer con ellos. Sobre el plan Educa3, que en 2011 contó con 100 millones, y cuyo plazo de desarrollo finalizaba este año (2008-2012), la secretaria de Estado señaló que ha supuesto la construcción de "muchas" escuelas infantiles, pero que esto ha obligado a las comunidades y ayuntamientos a incurrir en gastos adicionales (personal y material), que en este momento "no pueden acometer". Las becas, pese a que el Gobierno anunció que no se tocarían, se reducen en 166,4 millones (un 11,6%).
Ayer el consejero de Educación en funciones, Francisco Álvarez de la Chica, llamó "Atila" al ministro de Educación, José Ignacio Wert: "Por donde pisan no crece la educación pública. Todas estas medidas van dirigidas al hundimiento de la educación pública".
