En concreto, se trata de 4.327 metros a lo largo del Guadalquivir que deberán estar liberados en el plazo de un año, tal y como publicó ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, que ordena el deslinde de este tramo. Se trata de un trazado que comprende desde la anteesclusa del Puerto de Sevilla hasta el Sitio del Betón, entre la Punta del Verde y el Canal de Alfonso XIII, y corresponde a los tres términos municipales antes mencionados.
El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ordena al Servicio de Costas de Sevilla que inicie los procedimientos pertinentes para rectificar las situaciones jurídicas contradictorias con este deslinde, es decir, para que solucione en el Registro de la Propiedad los problemas que puedan surgir entre los derechos que los propietarios -públicos y privados- puedan tener sobre los terrenos y el cumplimiento de la Ley de Costas. De hecho, contra la presente resolución cabe interponer recurso por la vía contencioso administrativa en el plazo de un mes si es ante la propia ministra, Elena Espinosa, y dos meses si es ante la Audiencia Nacional. De hecho, las administraciones deberán hacerlo según este último criterio. El plazo para cualquiera de estas dos reclamaciones comenzará a contar a partir de hoy, justo el día después de la publicación en el BOE.
El deslinde de estos terrenos como bienes de dominio público marítimo terrestre se ordena en virtud de unos planos fechados en septiembre de 2008 que obligan a que sus propietarios sean expropiados para que dejen de tener carácter privado. De acuerdo con la resolución publicada ayer en el BOE, los más de cuatro kilómetros que se les reclaman se sitúan en la margen izquierda del Guadalquivir. En principio son terrenos donde no existen construcciones, si bien algunos tienen un uso agrícola o de otro tipo de aprovechamiento por parte de sus propietarios, que ahora deberán pelear por su compensación a cambio de esta obligada expropiación, salvo las excepciones contempladas en la disposición transitoria primera de la Ley de Costas, que data de 1988.
