El Ministerio de Medio Ambiente tiene previsto expropiar una nueva superficie de terreno en el interior del Parque Nacional de Doñana, pese a que el primer deslinde que se ha anunciado -9.200 hectáreas que cubren 37 kilómetros de costa entre Matalascañas y Sanlúcar y abarcan casi cinco kilómetros mar adentro- ha reabierto un viejo litigio con el Gobierno andaluz. La Junta, así lo subrayó ayer el presidente José Antonio Griñán, no está de acuerdo con la superficie expropiada. "Teniendo en cuenta que las dos administraciones tienen el mismo objetivo protector, el límite de extensión geográfica que abarca el deslinde es muy superior a lo razonable. Imagínese aplicar esa misma superficie de deslinde a toda la costa", dijo.
Pero la superficie de Doñana que el Estado prevé convertir en dominio público marítimo-terrestre es mucho mayor de lo que estimó ayer Griñán. La dirección general de Costas solicitó un informe técnico hace dos años para saber qué magnitud del parque requería de un mayor blindaje medioambiental. El estudio, realizado por el catedrático de la Universidad de Granada, Miguel Ángel Losada, proponía dos espacios contiguos e "inseparables": el brazo arenoso que va desde la costa hasta las dunas (primer deslinde) y las marismas y arrozales del interior, una superficie "extensa", que el ministerio aún no ha cuantificado. "El deslinde de Doñana se dividió en dos fases por razones de operatividad", explicaron desde el gabinete de Elena Espinosa.
La Junta, sin embargo, espera aún que el Estado dé marcha atrás y escuche sus alegaciones al plan de Medio Ambiente. Quiere que acepte una expropiación alternativa con mucho menos terreno afectado. Pero es poco probable que esta idea prospere, porque ya fue planteada y rechazada en el mismo informe de Losada. Griñán advirtió de que si el Estado no atienden sus alegaciones, no descarta recurrir a los tribunales: "Si no se aceptan las alegaciones, nos plantearemos la posibilidad de recurrir la decisión por la vía administrativa".
La expropiación viene avalada por la Ley de Costas. Además constituye una promesa electoral del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, que pretende culminar el blindaje medioambiental de más de 10.000 kilómetros de litoral español antes de que concluya la legislatura. La costa onubense es de las más retrasadas (un 74% deslindado).
La Estación Biológica de Doñana -dependiente del CSIC- también respalda al ministerio. "Falta el deslinde de la marisma y el arrozal. De hecho, estas zonas están menos protegidas y son más conflictivas que las dunas, así que debían haber sido prioritarias", explicó Fernando Hiraldo, director de la Estación Biológica.
Griñán incidió ayer en que las discrepancias entre el Gobierno y la Junta por Doñana son "formales", y que la gestión del parque sigue siendo competencia exclusiva de su Ejecutivo. El paraje ya contaba con la protección jurídica necesaria por ser Parque Nacional y Espacio Natural, pero el deslinde deja en manos del ministerio la última palabra sobre los usos de esa zona. El proyecto de unir Almonte (Huelva) con Sanlúcar (Cádiz) por una carretera para todoterrenos que atravesara las dunas, como querían ambos municipios socialistas, se antoja ahora inviable.
Arenas critica la «docilidad» del Gobierno andaluz
n El Ministerio y la Consejería de Medio Ambiente andaluza discrepan al interpretar qué es un sistema físico y geomorfológico. El primero cree que las dunas que arrastró la marea tierra adentro crearon un ecosistema indivisible, que integra la costa, las líneas de dunas y todo lo que ha crecido gracias a este movimiento de agua y tierra: las marismas y los arrozales. También lo cree así la Estación Biológica de Doñana y las asociaciones ecologistas. La consejería, por contra, cree que se puede disociar la primera línea costera de dunas de todo lo que surgió luego tierra adentro.
La expropiación de toda esta superficie se hará en dos fases. Para que Costas apruebe el deslinde de las marismas y los arrozales, primero debe hacerse oficial la publicación del primer deslinde en el BOE. Después el proyecto se someterá a información pública para que instituciones, entidades, asociaciones, y particulares presenten las alegaciones que estimen oportunas como ya sucedió con la primera fase. Entre medio, cabe esperar que la Junta recurra en los tribunales.
El presidente del PP-A, Javier Arenas, acusó ayer “la docilidad” de la Junta con el Ejecutivo de Zapatero. Recordó que, en relación a Doñana, el Gobierno andaluz batalló con Moncloa cuando gobernaba el PP y ahora se muestra “cómplice”. “Cuando gobierna un adversario político suyo le declara la guerra pero cuando lo hacen sus amigos entre comillas, como el caso del presidente Zapatero, siempre tienen complicidad y ocultismo”, dijo.
También la secretaria general del Partido Andalucista, Pilar González, manifestó su “más enérgico rechazo” por la estrategia de “látigo, ordeno y mando” en la que el Gobierno central “ha quitado más de 9.000 hectáreas de Doñana al control de la Junta”.
