A pesar de las palabras conciliadoras del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que el lunes estuvo en Sevilla, el Gobierno cumplió con su amenaza y ayer último día para hacerlo presentó el recurso de inconstitucionalidad contra el decreto de la Junta para reabrir la mina de Aznalcóllar. La confirmación oficial llegó de la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, que trató de justificar la decisión en que el Ejecutivo central estaba obligado a recurrirlo para dar así seguridad jurídica al proyecto y evitar «un contencioso jurídico sine die».
En su recurso, el Gobierno central ha pedido al tribunal de garantías constitucionales que suspenda esa decisión hasta que se resuelva sobre el fondo el recurso, según detallaron fuentes del tribunal.
Crespo dijo a los periodistas que la ley de 1973 y posteriores decretos de los ochenta «obligan» a la Junta a consultar previamente al Gobierno sobre un decreto que, además, se arroga competencias en reservas mineras «que son exclusivas del Estado», lo que genera una inseguridad jurídica que habría propiciado «reclamaciones de terceros» y una batalla judicial que retrasaría la reapertura, según Crespo.
«El Gobierno no ha creado el problema, sino que ha resuelto el creado por el decreto que la Junta, que estaba mal hecho y que se hizo sin tener las competencias para ello; lo bueno es que ahora somos dos administraciones que se quieren entender para resolver esta cuestión» y evitar recursos de terceros, que ya estarían preparando algunos afectados, precisó.
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, se mostró ayer rotunda al asegurar que «si al final lo que plantea el Gobierno es que tiene que ser quien dé la autorización para que la Junta proceda a la reapertura, yo lo voy a aceptar». «No voy a esgrimir que el Estatuto de Autonomía ampara la decisión de la Junta (de reabrir la mina), que podría hacerlo», advirtió Díaz, quien remarcó que el objetivo de su gobierno es buscar una solución porque la prioridad son los 1.300 empleos directos e indirectos, las más de mil familias de la comarca de Aznalcóllar que no pueden «estar con la inseguridad de que una salida inmediata al mercado laboral se verá interrumpida por un problema de formalismo entre dos gobiernos».
«Ni lo comprendo, ni lo comparto, y lo que espero es que esta misma semana quede resuelto», recalcó la jefa del Gobierno andaluz. «El ministro dijo ayer que era un problema de competencias, pero cuando hay 1.300 puestos de trabajo en riesgo no hay competencias ni discusiones formales que valgan», enfatizó.
El PP andaluz, que hace tres meses votó en el Parlamento junto a PSOE e IU a favor del decreto para la reapertura de la mina de Aznalcóllar (antes del verano también se sumó a una propuesta de los socialistas), desconocía que el Gobierno central iba a recurrir esta norma ante el Tribunal Constitucional. «No lo sabíamos, pero es la mejor solución», aseguró ayer el portavoz del grupo, Elías Bendodo, tras subrayar que el contencioso judicial que ha paralizado la iniciativa es la mejor manera de dotar de garantías legales al procedimiento de apertura de la mina, y de reabrir el diálogo entre el Gobierno central y el autonómico.
Los populares andaluces se sumaron a las explicaciones del Ejecutivo de Mariano Rajoy, a saber: el recurso de inconstitucionalidad (el séptimo desde que arrancó la legislatura contra una norma andaluza) no está en contra de la reapertura de Aznalcóllar, pero ha sido la fórmula elegida por el Estado para evitar que la norma sea recurrida por una empresa que tenía interés en el yacimiento minero y a la que la Junta le expropió el derecho de investigación en la zona. Bendodo confirmó que el temor de que el decreto acabara en los tribunales era real, puesto que así se lo habían advertido al Gobierno.
El portavoz popular adelantó que esta semana tendrá lugar una reunión técnica entre Gobierno y Junta con objeto de consensuar la mejor fórmula para explotar la actividad minera en Aznalcóllar, que previsiblemente pasa por la retirada del decreto actual y la aprobación de otro nuevo. Bendodo no descartó que fruto de esta reunión Rajoy decida echarse atrás y frenar el recurso ante el Constitucional. En cualquier caso, el también presidente provincial del PP en Málaga insistió en que el voto favorable de los populares andaluces no es contradictorio con su apoyo al recurso del Gobierno.
Sin embargo, el consejero de Economía e Innovación, José Sánchez Maldonado, criticó que es «bastante impresentable» que el Gobierno central haya abierto en el último minuto un «conflicto de competencias», cuando ha tenido varios meses para contactar con la Junta de Andalucía y plantear sus objeciones al decreto. Lamentó que el ministro de Industria, José Manuel Soria, aún no haya contactado con él para abordar el asunto de la reapertura de Aznalcóllar, pese a que lo ha intentado en varias ocasiones. «El daño ya está hecho», apostilló, porque ha generado inseguridad jurídica ante los inversores que estaban interesados. De hecho, el plazo de presentación de ofertas del concurso internacional abierto por la Junta acababa el próximo mes de abril.
El coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, hizo un llamamiento a la movilización y anunció que su formación llevará a cabo «un proceso movilizador a todos los niveles». «No sólo no nos vamos a resignar, sino que el PP se va a arrepentir de poner este recurso», afirmó Maíllo, tras subrayar la reactivación económica que implicaba el proyecto.
Marcha protesta. El colectivo de exmineros de Boliden convocó ayer una concentración en Aznalcóllar para pedir el mantenimiento del proyecto para reabrir la mina, motivo por el que además iniciarán hoy una marcha, cuya primera etapa discurriría entre ese municipio y Gerena. El portavoz de los exmineros de Boliden, Juan José Fernández, indicó a Europa Press que «el pueblo no entiende de normas, ni de politiqueos, ni de leyes; queremos trabajar, queremos comer y no pasar hambre ni desahucios», aseveró, al tiempo que lamentó que el Gobierno central con su recurso ante el Tribunal Constitucional «paraliza la creación de miles de empleos en la minería en Aznalcóllar». Junto a la concentración, los exmineros han organizado esa marcha a pie, con tres etapas hasta Sevilla.
