"Memoria, dignidad y justicia" para las víctimas. Éstas son las características que reúne la futura Ley Integral de Víctimas del Terrorismo, pactada por todos los grupos parlamentarios, a juicio de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.
La nueva norma, que se aprobará pasado el verano, fija que las víctimas del terrorismo tendrán derecho a una indemnización de 250.000 euros en caso de fallecimiento y 500.000 euros por lesiones que ocasionen gran invalidez, según la tabla de subvenciones incluida en la nueva Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas que se registrará en el Congreso con la firma de todos los grupos parlamentarios y a cuyo contenido tuvo acceso Europa Press.
La proposición, que PSOE y PP iban a presentar el jueves pero finalmente retrasaron para ayer para sumar a los once partidos con representación en la Cámara Baja, incluye un baremo de indemnizaciones que van desde los 250.000 euros en caso de fallecimiento hasta los 75.000 que se pagarán en caso de incapacidad permanente parcial. En medio, el Estado pagará 500.000 en caso de gran invalidez, 180.000 por incapacidad permanente absoluta y 100.000 por incapacidad permanente total.
Además, también regula las subvenciones que se concederán por incapacidad temporal y por secuestro, que se calcularán multiplicando por dos o por tres el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) por cada día que permanezca la lesión o la persona esté retenida. Por ejemplo, en el año 2010 el IPREM anual en doce mensualidades se ha fijado en 6.390,13 euros. Esto supone que una persona que estuviese secuestrada durante diez días tendría derecho a una indemnización de 525,21 euros.
Una de las novedades es que la proposición reconoce el derecho a reclamar las diferencias a todas aquellas víctimas que durante estos años hayan recibido ayudas o indemnizaciones menores a las que ahora se fijan. Para hacerlo contarán con un año de plazo a partir de la entrada en vigor de la ley.
De hecho, este nuevo texto, que sustituye al del año 1999, reconoce todos los atentados perpetrados desde el año 1960, fecha en la que falleció la niña de 18 meses Begoña Urroz, considerada la primera víctima mortal de ETA. Hasta ahora se fijaba como fecha tope 1968, cuando falleció el guardia civil José Pardines Arcaya.
evitar desigualdades. Pero la ley también establece las cantidades máximas que el Estado asumirá en concepto de responsabilidad civil que se fija en sentencia con el objetivo de evitar las actuales desigualdades entre las cuantías que determinan jueces diferentes ante casos similares. "La ley se inspira en el principio de igualdad, estableciendo criterios que garanticen un trato más equitativo en orden a la compensación, evitando en todo caso respuestas desiguales ante supuestos similares", establece la exposición de motivos del texto.
Además, como ya adelantaron a las asociaciones de víctimas reunidas el pasado martes en el Con¬greso, se incluye un reconocimiento a las personas amenazadas. Los extranjeros que sufran atentados en España podrán recibir la nacionalidad por carta de naturaleza y los españoles víctimas de atentados fue¬ra de la UE también recibirán ayu¬das.
La firma de todos los grupos parlamentarios garantiza que no habrá enmiendas de totalidad pero algunas formaciones, como ER e IU, han anunciado su intención de presentar enmiendas parciales al considerar que faltan asuntos por regular.
