El Estado no devuelve el Guadalquivir

El PSOE-A habla de “desprecio” del Gobierno de Rajoy a Andalucía, que reclama lo que le “corresponde”

el 11 jun 2013 / 21:34 h.

El socialista Mario Jiménez interviene en la tribuna del Congreso El vicesecretario del PSOE-A, Mario Jiménez, ayer en el Congreso. Nace y muere en Andalucía, baña la comunidad de este a oeste pero no es un río andaluz. El Gobierno no devolverá a la Junta la gestión del Guadalquivir. La mayoría del PP en el Congreso, junto a UPyD, tumbó ayer la propuesta de delegación de competencias mediante el artículo 150.2 de la Constitución, una vía que abre el camino para que el Estado ceda algunas de sus competencias exclusivas a las comunidades. Los populares tildaron esta fórmula de “inconstitucional” a pesar de que el PP andaluz no se opuso –se abstuvo en algunos puntos– a esa misma propuesta hace un año en el Parlamento y pese a que el lunes anunció que no la bloquearía. El PSOE-A habló de “deslealtad y desprecio” del Ejecutivo a Andalucía, IU culpó a “todos los gobiernos del fracaso” de la gestión y el PP-A acusó a los socialistas de ser unos “incompetentes”. Un grupo de diputados andaluces se trasladó ayer a Madrid para defender en el Congreso la delegación de competencias por el 150.2 de la Constitución, el último recurso posible para recuperar el Guadalquivir, uno de los símbolos del Estatuto. El debate, que no suscitó ningún interés entre los diputados nacionales, se zanjó cuando la mayoría del PP y UPyD votaron en contra. Poco antes, el vicesecretario general del PSOE-A, Mario Jiménez, aseguró en la Cámara Baja que Andalucía reclamaba lo que le corresponde “en justicia” y que hace un “ejercicio de responsabilidad y honestidad” en la actual situación económica, informa Europa Press. La diputada nacional del PSOE por Huelva María José Rodríguez dejó claro que el debate no es fruto de un “capricho político”, sino que ha sido avalado por el Estado a través de las Cortes Generales cuando se aprobó el Estatuto andaluz. Precisamente ahí comenzó el largo conflicto político y judicial por el Guadalquivir. El Estatuto fijó, en su artículo 51, la gestión exclusiva de las aguas andaluzas del río por parte de la Junta de Andalucía. Ese artículo fue posteriormente tumbado por el Tribunal Constitucional que, por dos ocasiones y atendiendo los recursos de otras comunidades afectadas como Extremadura, señaló que las competencias de una cuenca supracomunitaria –que discurre por varias regiones– no podían ser más que del Estado. El 90,22% de la cuenca del Guadalquivir discurre por Andalucía, pero también pasa por Castilla La Mancha, Extremadura y Murcia. El Constitucional alegó la ruptura de la unidad de cuenca y la sentencia de marzo de 2011 dejó en el limbo legal el traspaso de los 849 trabajadores. Después de unos meses de negociación con el Gobierno de Rodríguez Zapatero y ante esa inseguridad jurídica, la Junta rechazó la salida que le ofrecía el Ejecutivo socialista –una encomienda de gestión de cinco años– y renunció al Guadalquivir solo tres años después de que asumiera la gestión de la cuenca. En diciembre de 2011 el Parlamento andaluz elevó la iniciativa para que el Congreso votara la delegación de competencias p or el 150.2. “INCONSTITUCIONAL” // El PP se apoyó ayer en el fallo del Constitucional para rechazar la propuesta. La diputada popular María Teresa de Lara Carbó recordó que el traspaso es “inconstitucional” y fue muy crítica con el Gobierno andaluz: “Los dirigentes de la Junta de Andalucía han consumido más energía en asumir y devolver las competencias sobre el Guadalquivir y c olocar a sus amigos que en trabajar por sus ciudadanos”, afirmó. Minutos antes, la diputada andaluza Carolina González Vigo (PP) aseguró que su partido defiende “siempre lo mismo” respecto al Guadalquivir, a pesar de que el PP andaluz dijo el lunes que su formación no tumbaría la iniciativa. González Vigo advirtió de que durante los tres años en los que la Junta mantuvo las competencias del río “el debate real no era el de la titularidad o las competencias” sino el del “auténtico fracaso” que supuso, en su opinión, la “gestión socialista”. José Antonio Castro (IU) reconoció que el Guadalquivir presenta “una realidad preocupante” y que “todos los gobiernos”, tanto los centrales como los regionales, “han fracasado” en su gestión. Añadió que la Junta quiere la “protección sostenible” del Guadalquivir para evitar un “colapso ecológico”. Precisamente la sostenibilidad fue el eje y el objetivo prioritario de un macroproyecto presentado por la Junta en octubre de  2009 y que quedó prácticamente en el cajón. El Proyecto Guadalquivir o la Gran Ruta Interior de Andalucía, firmado por Junta, empresarios y sindicatos, nació con el reto de invertir 500 millones en cinco años en proyectos de sostenibilidad. El Gobierno calculó que 300 emprendedores podrían beneficiarse de ello.

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