Gobierno central y Ayuntamiento son del mismo color político, pero ni siendo así se ponen de acuerdo a la hora de repartirse el patrimonio. El equipo de Juan Ignacio Zoido rechazó el convenio presentado el pasado mes por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para la cesión –no gratuita– de suelos estatales en Los Gordales, el Charco de la Pava y la calle Betis, una propuesta que, entre otras cosas, exige que se cambie la normativa para que casas del Patio de Banderas del Estado puedan tener usos hoteleros y de oficinas, en un intento por sacarle rentabilidad a estos inmuebles. A cambio, el Consistorio se haría con el número 15 del Patio de Banderas.
Con todo, Urbanismo no acepta ninguno de los términos del convenio ni sus contraprestaciones, y ayer el propio delegado Maximiliano Vílchez aclaró que es “inviable para la ciudad asumir las condiciones de este convenio presentado por el Estado”. Insitió en que “este borrador de convenio no servirá de base para un acuerdo, pero el Ayuntamiento sí se muestra abierto al diálogo para zanjar las cuestiones patrimoniales entre Estado y Consistorio”.
Las zonas que se tratan actualmente en dicho convenio son Los Gordales, Charco de la Pava, inmuebles del Patio de Banderas, calle Betis y terrenos viales de la Exposición Universal de 1992.
Eso sí, el consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo tomó ayer conocimiento de esta propuesta de la Dirección General de Patrimonio del Estado para regularizar distintas cuestiones patrimoniales pendientes entre ambas administraciones.
En concreto, de este convenio destaca que el Estado quiera que sus casas del Patio de Banderas puedan alquilarse o venderse para hotel u oficinas. Para ello, el Ministerio pide la modificación de las fichas del catálogo del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) para que se amplíen los usos de estos edificios, manteniéndose los preferentes (residencial, espectáculos y Administración Pública) e incluyéndose “oficinas” y “hotelero”.
Además, el Estado reclama cambiar el Plan Especial de Protección del Sector Real Alcázar –aprobado inicialmente– para suprimir la mención a la cesión gratuita y a la ampliación de la delimitación de Bien de Interés Cultural (BIC) a la totalidad de los edificios del Patio de Banderas, lo que se plantea tramitar como modificación puntual del PGOU.
Si el Consistorio accediese a estas peticiones, el Estado le cedería gratis el número 15 del Patio de Banderas para uso sociocultural, como viene reclamando el Ayuntamiento desde hace años.
Pero no quedan ahí las peticiones del Estado, que solicitó, según fuentes de la Gerencia de Urbanismo, que el Consistorio iniciase un proceso de expropiación forzosa –se hizo en febrero– de Los Gordales, el Charco de la Pava y zonas de la calle Betis “para mantener abierto el expediente y poder negociar el convenio”. Ahora, Urbanismo ha aprobado paralizar ese proceso expropiatorio precisamente “para poder negociar”.
Con todo, el Ministerio recuerda que los suelos de Los Gordales están tasados en 145,8 millones de euros, si bien no pone precio para su cesión, así como tampoco lo hace para el Charco de la Pava. El terreno de la comisaría de la calle Betis sí recoge que lo cedería gratis, al igual que puentes y calles de la Expo, como la Barqueta y la pasarela de Cartuja que, por otra parte, tienen un alto coste de mantenimiento.
