El Gobierno central y la Junta de Andalucía acordaron ayer liquidar la deuda histórica íntegramente con la transferencia de suelo estatal, y no con dinero en metálico, como exigía la oposición. Los 784 millones de euros que quedaban por pagar -hubo dos anticipos por valor de 420 millones- se traducirán en la cesión de la totalidad de las acciones de Agesa, que gestiona los activos de la Expo'92 en Sevilla, además de solares para vivienda en cinco provincias. Córdoba y Málaga quedan excluidas por disponer de más suelo libre para VPO.
Desde que la Junta asumió que una parte de la deuda podría cobrarse en especie, el ejemplo más mencionado por varios miembros del Gobierno y por el presidente Griñán fue el solar de Los Gordales, donde está prevista la Ciudad de la Justicia de Sevilla. Pero, según la consejería, éste no constaba en el acuerdo que ayer firmaron la titular de Economía, Carmen Martínez Aguayo, y el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña.
La Junta y el Gobierno dieron ayer por zanjada la deuda que el Estado arrastraba con Andalucía desde los años 80, cuando el traspaso de competencias en educación, sanidad y vivienda no tuvo en cuenta los déficit que separaban a Andalucía de otras comunidades. El nuevo Estatuto andaluz obligaba al Gobierno a saldar la deuda histórica, que se cifró en 1.204 millones, de los que faltaban por pagar 784.
Aguayo anunciará la lista de solares para viviendas en pocos días. Ayer sólo quiso destacar los terrenos de El Toyo 1 y El Toyo 2, una zona costera de gran expansión de Almería, y varias parcelas de Cádiz, "una de las provincias con más dificultad para obtener suelo". La superficie cedida permitirá construir 4.000 VPO.
Queda la duda de si toda la superficie de suelo transferido alcanza el precio de los 784 millones. Ahora se creará una subcomisión Estado-Junta para cuantificar el valor real del suelo, ya que muchos de los solares fueron tasados por última vez hace año y medio. La Junta ha exigido que se vuelvan a tasar, y si el valor total queda por debajo de los 784 millones, se añadan nuevos solares, y si queda por encima, se devuelva una parte. Sólo así la deuda en especie se ajustará a su valor exacto en metálico. Si hubiera discrepancias, Junta y Estado encargarían la valoración final a un tasador independiente. El ajuste de cuentas debe estar cerrado antes del 20 de marzo, fecha tope que establece el Estatuto para cobrar la deuda.
Aguayo puso énfasis ayer en defender los activos de Agesa, que valoró en más de 300 millones de euros, aunque su página web reconoce justo la mitad (un patrimonio neto de 150 millones de euros). La consejera recordó que Andalucía llevaba mucho tiempo reclamando los 153.000 metros cuadrados de la Expo'92, y que sólo ha sido posible cuando el Estado, previamente, aceptó traspasar a Aragón la sociedad que gestionó la Expo de Zaragoza del año pasado.
Agesa, dijo Aguayo, se encuentra "muy saneada" y obtiene "beneficios todos los años". En 2008 ingresó unas ganancias de 6,7 millones de euros, la mayoría por el alquiler de edificios a empresas ubicadas en la Cartuja. La Junta espera compensar la falta de dinero en metálico con los ingresos que obtenga de la explotación de Agesa que generará "euros contantes y sonantes".
En teoría, ese dinero debería invertirse en educación, sanidad y vivienda, que es lo que justifica la deuda histórica. La falta de dinero en metálico abre ahora otra polémica, ya que la Junta contó con el dinero fantasma que esperaba recibir del Estado para justificar que la inversión directa en infraestructura había caído sólo un 0,4%, en vez del 22% real.
