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El Estado salva otro conflicto con la Junta al no recurrir la tasa a la banca

Renuncia a llevar al Constitucional, como sí hizo en Extremadura, el impuesto sobre los depósitos bancarios creado en enero y con el que el Gobierno andaluz prevé recaudar este año 132 millones.

el 09 sep 2011 / 19:37 h.

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La consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, con los vicepresidentes del Gobierno Elena Salgado y Manuel Chaves.
El Gobierno central no quiere abrir más frentes contra su homólogo andaluz en la antesala de unas elecciones generales para las que el voto andaluz será decisivo, como único bastión socialista que aún conserva. Así, ha renunciado a recurrir el impuesto sobre los depósitos bancarios que la Junta implantó en enero, pese a que su espíritu es muy similar al creado por Extremadura en 2001 -que sí llevó al Constitucional- y ante el que el Ejecutivo estatal mostró sus "discrepancias".

 

El próximo 15 de septiembre cumplía el plazo para que el Estado recurriera esta tasa, después de que en abril Junta y Gobierno ampliarán de tres a nueve meses el plazo que se dieron ambas administraciones para negociar y buscar soluciones a sus "discrepancias". Ayer, el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, aprovechó su tierra jiennense para confirmar, a preguntas de los periodistas, que finalmente el Gobierno renuncia a recurrir el impuesto andaluz. En realidad, el sector financiero ya lo preveía, después de que el jueves no se anunciara tal recurso en la reunión semanal del Consejo de Ministros, la última antes de que expirara el plazo.

El Gobierno central muestra así ser coherente con las propuestas del candidato socialista a las elecciones generales del 20-N, Alfredo Pérez Rubalcaba, que se ha mostrado favorable a aumentar la presión fiscal sobre las rentas más altas y la banca. Por contra, su postura será difícil de explicar en Extremadura, donde en 2001 sí recurrió una tasa similar aprobada por el entonces presidente socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra. El impuesto sigue en vigor a la espera del fallo del Constitucional, pero la doble vara de medir del Ejecutivo central con ambas comunidades dará munición al Gobierno extremeño, ahora que además está gobernado por los populares.

El impuesto sobre los depósitos bancarios fue anunciado por el presidente andaluz, José Antonio Griñán, en el Debate sobre el Estado de la Comunidad de junio de 2010, y ya entonces la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, dio por hecho que el Estado lo recurriría por coherencia con el caso extremeño, aunque no preveía que eso impidiera su aplicación porque igualmente el impuesto en Extremadura sigue en vigor a la espera de sentencia. Se aprobó en diciembre, dentro de la Ley de medidas fiscales para la reducción del déficit público y la sostenibilidad. La Junta prevé recaudar 409,4 millones hasta 2013, 132 este año. Desde que entró en vigor en enero, los bancos ya han entregado a cuenta 95,8 millones, aunque la primera liquidación no se cerrará hasta julio de 2012.

El impuesto, que afecta a 70 entidades que operan en Andalucía, grava los depósitos bancarios con un 0,3% hasta 150 millones de euros; un 0,4% hasta 600 millones y un 0,5% para los depósitos superiores a 600. Desde el principio, la Junta estableció deducciones en esta tasa para los bancos que financiaran proyectos estratégicos para Andalucía y en el último Debate sobre la Comunidad, Griñán añadió nuevas bonificaciones para depósitos destinados a apoyar al sector del olivar o la instalación de empresas en parques tecnológicos.

Tras la creación del impuesto, el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, advirtió contra la "segmentación" y "distorsión" del mercado financiero imponiendo tasas autonómicas a los depósitos, si bien respaldó la competencia de las comunidades para "hacer lo que quieran" en materia fiscal siempre que cumplan con la reducción del déficit. Con todo, en la negociación abierta en el marco de la Comisión Bilateral -que precisamente volverá a reunirse la próxima semana-, ambas administraciones mostraron su disposición a buscar el acuerdo, de ahí que el Estado aplazase la vía judicial, y el delegado del Gobierno, Luis García Garrido, reconoció que veía "posible" acercar posturas.

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