Los socialistas, que en Andalucía han desempolvado la bandera autonomista, están convencidos de que el modelo de reorganización competencial que defiende el PP significará más centralismo y que las comunidades pierdan potestades. La portavoz popular en el Congreso quiso alejar ayer ese fantasma y, para ello, puso el ejemplo concreto de cómo debería gestionarse la educación. En su opinión, el Gobierno tiene que recuperar competencias y debe existir una ley estatal que establezca un modelo con objetivos comunes y fije unos mínimos, como el idioma. Aunque luego las comunidades seguirían decidiendo por ejemplo dónde se ubica un colegio o cómo se organizan el profesorado.
Esta fórmula traería, según la dirigente del PP, un modelo "estable" que no varíe con cada gobierno. Recordó, por cierto, que la "generación ni-ni" -jóvenes que ni estudian ni trabajan- es "heredera de la ley que hizo Rubalcaba" cuando era ministro. Dijo que para el PP mejorar en educación es una prioridad y utilizó un ejemplo que dijo haber leído y que le resultó revelador: "¿Qué pasaría si en España, que es campeona mundial de fútbol, no hubiera ni un equipo entre los cien mejores del mundo? Pues bien, no hay ni una universidad española entre las cien primeras del mundo".
Fue el líder del PP, Mariano Rajoy, quien lanzó una propuesta polémica: en época de crisis hay que redefinir el papel del Estado, comunidades y ayuntamientos para evitar que dos o tres administraciones desempeñen la misma tarea. El dirigente de los populares andaluces, Javier Arenas, ha suscrito esa idea e insiste en la necesidad de revisar los 30 años de Estado de las Autonomías, algo que al PSOE le sirve para denunciar que lo que en realidad pretende el PP es una "involución" autonómica.
La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, opinó ayer, en los Diálogos de El Correo patrocinados por Azvi, que la administración es "excesiva", que se "multiplican innecesariamente competencias" y abogó por fijar "con nitidez" el reparto de competencias para lograr una administración austera y eficiente. "No puede haber tres ventanillas para un mismo trámite", sentenció la dirigente popular. Denunció que la "madeja administrativa" supone un despilfarro y que España necesita "menos leyes pero mejores". En un claro guiño a la nutrida representación empresarial que escuchaba su conferencia, Sáenz de Santamaría se comprometió a llevar a cabo un plan de simplificación administrativa que suprima la burocracia innecesaria.
Otra propuesta de Rajoy que trajo polémica es la apuesta por la privatización de la gestión de servicios sociales básicos como la sanidad, la educación o la dependencia. Sáenz de Santamaría lo descartó ayer. "No es cierto, no estamos por la privatización, sino por que en las administraciones se adelgace lo superfluo, se elimine burocracia y, con ese ahorro, se pueda inyectar fondos a educación o sanidad", sentenció en el turno de preguntas tras su conferencia.
El grupo popular ha defendido en el Congreso una iniciativa para que las comunidades puedan decidir si privatizan sus televisiones autonómicas. Dolores de Cospedal defiende ese modelo para Castilla-La Mancha y la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, lo estudia.
Sobre si debería privatizarse Canal Sur, Sáenz de Santamaría defendió que las comunidades puedan decidir entre una gestión directa o indirecta. Para la dirigente popular, son las autonomías las que tienen que elegir el camino para prestar un buen servicio sin que le cueste mucho al ciudadano.
