24 horas después de que el vicepresidente del Gobierno andaluz, Diego Valderas, se reuniera con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para abordar el futuro de los ayuntamientos, el presidente Rajoy anunció ayer una brusca reestructuración de la Administración local. Valderas le exigía a Montoro respetar las competencias de los alcaldes blindadas en el Estatuto, pero en Moncloa ya estaba redactada una reforma que reduce un tercio el número de concejales (por tramos de población) y refuerza a las Diputaciones "para centralizar la prestación de servicios a precios razonables y mejor gestionados".
Pero el verdadero cambio de rumbo que marca la reforma de Rajoy es el giro hacia el centralismo a costa del modelo autonómico y la descentralización: el Gobierno tutelará las cuentas de los ayuntamientos, que serán sometidos a una mayor fiscalización por parte de un ejército de funcionarios del Estado y de los interventores municipales, que tendrán más atribuciones y responderán directamente ante Madrid. El Gobierno fijará y homologará los salarios de alcaldes y concejales en función del tamaño de cada municipio y decidirá si se reducen o eliminan empresas municipales. El objetivo, dijo Rajoy, es "lograr mayor eficiencia, evitar duplicidades" y cumplir con la premisa de "una administración, una competencia". El PP llevaba en su programa esta reforma, que al final ha tenido que endurecer y precipitar vía decreto ley debido a la asfixia económica y a la presión de Bruselas. La filosofía es la misma: "solucionar las competencias impropias de los ayuntamientos, es decir, que no presten servicios para los que no tienen financiación necesaria".
Con ese mismo ese objetivo, el Parlamento andaluz aprobó el año pasado las leyes de autonomía, que definían con precisión cuáles eran las competencias de los ayuntamientos y abría la puerta a una mayor financiación de los municipios por parte del Gobierno regional, para compensar esas competencias que han venido gestionando los alcaldes, pese a ser responsabilidad de la Junta. Las dos leyes locales, que los partidos andaluces interpretaron como "el capítulo pendiente del Estatuto de autonomía", quedan ahora seriamente laminadas.
De momento, el centralismo de Madrid se ha saltado a las comunidades y ha ido de lleno a por los ayuntamientos, a los que ya tenía semi intervenidos desde que se aprobó el plan de pago a proveedores. Aparentemente, las regiones tienen un blindaje más sólido que los consistorios, porque sus competencias están protegidas por los Estatutos de autonomía, con rango de ley orgánica. Pero la reforma de la Constitución, consensuada el verano pasado por PSOE e IU, permite al Gobierno intervenir de forma "unilateral" las cuentas de una región e "imponerle un plan económico" si pone "en riesgo la estabilidad presupuestaria del Estado y del resto de comunidades".
Durante el último mes, Hacienda ha hecho contínuas referencias a esta reforma constitucional, advirtiendo sobre todo a Andalucía con intervenir sus cuentas si no accedía a recortar ostensiblemente el gasto público. Todas las regiones lo hicieron: un recorte global de 18.000 millones, del que Andalucía asumió más del 20%. La Junta aprobó un duro plan de ajuste que extrajo 3.500 millones del Presupuesto de 2012. El Consejo de Política Fiscal y Financiera, órgano que reúne al Gobierno con las 17 comunidades, vuelve a reunirse hoy, y está previsto que Montoro revise los planes de ajuste y presione para acelerar los recortes. Bruselas ha suavizado el objetivo del déficit para España, dándole un año más de margen para rebajarlo al 3% del PIB en 2014, pero el Gobierno no prevé compartir ese margen con las regiones (como han reclamado), y mantendrá el techo de gasto en el 1,5% del PIB para final de año.
Las medidas de Rajoy sobre la Administración local prevén un ahorro de 3.500 millones. No entrarán en vigor antes de 2014, año en el que habrá elecciones municipales y autonómicas.
