El Estado podría ser condenado patrimonialmente por la muerte de Mari Luz, la pequeña de cinco años presuntamente asesinada en Huelva por un pederasta que no había sido encarcelado, si se tiene en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que condenó al Estado por algo similiar ocurrido hace 16 años, según informó la cadena SER.
Se trata del caso de Maruchi Rivas, una niña de nueve años que en 1992 fue violada y asesinada en la localidad lucense de Villalba por un recluso en libertad condicional que no estaba siendo vigilado. La sentencia del Supremo, que condenó entonces al Estado, creó el precedente.
El abogado que llevó la defensa, Ricardo Perez-Lema, aseguró a la SER que ahora, en el caso de Mari Luz, la responsabilidad está todavía más clara: "Hay un paralelismo obvio y claro", aseguró. El letrado se muestra convencido de que el Estado podrá ser condenado como responsable dadas las similitudes con el que él defendió en 1992.
Pérez-Lema considera además que en esta ocasión existe un agravante más porque si en el caso de la niña lucense su agresor estaba en libertad condicional, en el de Mari Luz, su presunto agresor era un condenado que ni siquiera había llegado a ingresar en prisión. Por eso, según el letrado, en el asesinato de la pequeña onubense "se ve todavía más claramente la mano del Estado".
La sentencia obtenida en 1992 por Ricardo Pérez-Lema sentó un precedente "que sirve, a posteriori, de base para todas las reclamaciones patrimoniales". "La sentencia es firme y sirve como precedente para que la administración vaya reconociendo ya en vía administrativa, sin que sea necesario acudir a la vía judicial, por la responsabilidad en todo este tipo de casos", argumenta.
