El Gobierno, a través de Patrimonio del Estado ha llevado hasta el Tribunal Supremo sus diferencias con la Junta de Andalucía respecto a los suelos de su propiedad en Los Gordales, bloqueando su desarrollo urbanístico por un interés lucrativo. El Estado no acepta los argumentos del TSJA, que avalaban la decisión de la Consejería de Obras Públicas de 'quitarle' 70.000 metros cuadrados de la edificabilidad obtenida en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) tras la cesión de los terrenos del Charco de la Pava a la ciudad. Consideran los técnicos de Madrid que el recorte praticado por la Junta fue 'arbitrario', pero guardan silencio sobre el 'regalo' que le brindó el ayuntamiento al concederle la posibilidad de construir una banda comercial en toda la franja de la actual feria colindante con Los Remedios, unido a sendos edificios de uso terciario junto a la portada de la Feria y al Puente de Las Delicias que se alquilarán a precio de oro. Aquel acuerdo fue extremadamente beneficioso para el Gobierno, como llegó incluso a ratificarlo en público el redactor del nuevo PGOU de la ciudad, Manuel Ángel González Fustegueras y entendió posteriormente el Gobierno andaluz al revisar el plan urbanístico. Por eso resulta poco razonable que este Gobierno 'amigo', gestionado por el mismo partido que gobierna en la Junta y en el Ayuntamiento, mantenga vivo en los tribunales un conflicto que no paraliza la construcción de la futura Ciudad de la Justicia, pero sí dificulta enormemente la elaboración del Plan Parcial por el que las dos administraciones propietarias de los terrenos deben acordar el desarrollo del suelo de acuerdo con los usos judiciales, comerciales y universatarios establecidos. Más allá de los técnicos de la administración que cumplen su papel, se echa en falta una reflexión política de los distintos niveles socialistas para que en la operación de Los Gordales prime el interés de los ciudadanos, no el del Gobierno.
