La composición del tribunal y la elección a propuesta de las fuerzas políticas de la mayoría de sus magistrados han convertido el Constitucional en un espejo de las posturas casi irreconciliables que han mantenido los partidos políticos en torno al Estatut.
Durante los dos años y medio que lleva deliberando sobre el recurso que el PP presentó el 31 de julio de 2006 contra el Estatuto de Cataluña, el tribunal ha recorrido un tortuoso camino, sorteando reformas, recusaciones y maniobras políticas y mediáticas que le han dejado al límite de sus fuerzas. Todo ello, unido a las diferencias ideológicas entre los magistrados, ha propiciado que a cuenta del Estatut el Constitucional haya adoptado varias decisiones sin precedentes, como puede ser el método de votación -artículo por artículo- elegido por la presidenta, María Emilia Casas, para sacar adelante la esperada sentencia, que podría ver la luz esta próxima semana.
En el trayecto, el Constitucional llegó a salir al paso en 2008, a través de un inusual comunicado, de las críticas de políticos y medios de comunicación que le acusaban de retrasar el fallo de una sentencia esencial para el desarrollo del Estado de las autonomías. Llegó después, en noviembre de 2009, el editorial conjunto de la prensa de Cataluña en defensa del Estatut, respaldado por todos los partidos catalanes -salvo el PP y Ciutadans-, y el apoyo que el presidente de la Generalitat, José Montilla, pidió a más de 200 entidades autonómicas para articular una respuesta "clara y unitaria" en caso de que el TC recorte el Estatuto.
Durante este tiempo también se ha modificado una vez la Ley Orgánica del tribunal (LOTC) -para prorrogar el mandato como presidenta y vicepresidente de Casas y de Guillermo Jiménez- y el Senado ha aceptado tramitar otra reforma para evitar que los magistrados permanezcan en funciones "sine die".
Y es que desde que a finales de 2007 concluyó el mandato de Casas, Jiménez, Vicente Conde y Jorge Rodríguez-Zapata, todos ellos designados por el Senado, el PSOE y el PP han sido incapaces de alcanzar un acuerdo para renovar el tribunal. Sólo en las últimas semanas, y a instancias de Montilla, la Cámara Alta ha reactivado el procedimiento para sustituir a esos cuatro magistrados, aunque el veto a uno de los candidatos del PP -el ex portavoz del Consejo General del Poder Judicial Enrique López- hace prever que el acuerdo se hará esperar. Además, la Generalitat y el Parlamento de Cataluña pretenden que, hasta que se produzca esa renovación, el TC renuncie a dictar sentencia sobre el Estatut.
Pero el pleno del TC se reúne hoy con un único punto en el orden del día: la deliberación y fallo de la sentencia del Estatut, que salvo sorpresa será votada artículo por artículo ante la imposibilidad de que los magistrados alcancen un acuerdo. La "sorpresa" sólo puede saltar si en las escasas horas que quedan para la trascendental reunión el magistrado Manuel Aragón decide dar finalmente su respaldo a la ponencia redactada por la presidenta, inclinando así la mayoría del lado de los progresistas en un pleno dividido al 50% entre éstos y los conservadores. Las fuentes consultadas en el tribunal, sin embargo, dan por seguro que eso no va a suceder y que el borrador preparado por Casas correrá la misma suerte que los cinco que presentó al pleno la también progresista Elisa Pérez Vera y que fueron rechazados.
Pese a todo los diputados que ayer asistieron al tributo a las víctimas del terrorismo trasmitieron que la sentencia podría ser inminente, incluso podría conocerse "el lunes o el miércoles". Tal sería la inminencia que el portavoz parlamentario de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, ha suspendido un viaje a Guatemala.
