El Gobierno andaluz admite que tiene una difícil partida política que jugar este otoño. De nuevo la deuda histórica complica la vida al Ejecutivo de Chaves. El enfado de Cataluña por el incumplimiento de la fecha prevista por su Estatut para la financiación dificulta que se cumpla otro plazo, el que el Estatuto andaluz fija para la deuda histórica.
El Gobierno andaluz ha enseñado los dientes a Cataluña y ha cerrado filas con el Ejecutivo de Zapatero. Cada miembro del gabinete de Chaves que ha opinado públicamente ha arremetido contra los argumentos de los catalanes y ha restado importancia al incumplimiento de la fecha fijada en el Estatut para una nueva financiación autonómica -que cumplió el 9 de agosto-. Al hacerlo, el Gobierno andaluz se ha quedado sin munición para exigir al Ejecutivo de la nación que cumpla con otra fecha, la que el Estatuto andaluz fija para la deuda histórica: el 20 de septiembre.
Públicamente, el Gobierno andaluz garantiza un acuerdo. Sin micrófonos, reconoce dificultades y un mal escenario. Desde el Ejecutivo de Chaves y el PSOE-A admiten que están en una nueva encrucijada. La crisis económica ha recortado drásticamente la nevera del Gobierno, el vicepresidente Pedro Solbes ya ha admitido que hará un Presupuesto austero y que no hay remanente para repartir entre las comunidades en la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica. Con vacas flacas, una despensa económica casi vacía y el debate de la financiación arreciando, ¿qué será de la deuda histórica?
La fecha tampoco acompaña. El PSOE necesita aliados en el Congreso para sacar adelante sus Presupuestos y septiembre es clave para iniciar las negociaciones. Cerrar justo entonces un acuerdo con Andalucía equivaldría a meter el dedo en el ojo a los ya indignados nacionalistas catalanes. Y una cosa más. Las cuentas del Estado tendrán que cumplir también con la cláusula de inversión por población que recoge el Estatuto. Que Andalucía, en unos presupuestos raquíticos, se lleve un buen mordisco de la inversión estatal y sume otra partida por la deuda histórica sería la cuadratura del círculo, admiten fuentes de la negociación.
El Estatuto andaluz puso por vez primera fecha de caducidad a la deuda histórica, un conflicto que colea desde 1981. Fija 18 meses desde su entrada en vigor para establecer "los criterios, alcance y cuantía" de esta deuda. El plazo expira el 20 de septiembre. Además el texto andaluz fija tres años para saldarla. Eso alivia la situación. El acuerdo no deberá cumplirse de forma inmediata. Hay margen hasta 2010.
La partida comenzará a la vuelta de las vacaciones poniendo números a una deuda elástica que ha tenido tantas cifras como partidos y escenarios políticos han existido. La Junta aún no ha verbalizado la cifra que defenderá ante Zapatero. Se ha encargado el PSOE andaluz, que apuntó 1.500 millones de euros. Por encima de la que el Gobierno de Chaves reclamó en La Moncloa cuando la ocupaba el PP con Aznar (1.148 millones) y próxima también a la que defendió en el Parlamento el Partido Popular.
sin pacto andaluz. Ahora PP e IU suben la puja y exigen 4.500 y 7.500 millones respectivamente. El acuerdo con la oposición en Andalucía es misión imposible, según estima el Gobierno, que descuenta de esos 1.500 millones, 120 saldados en 1997 y 300 pagados en 2008. Este año, después de una década sin que la deuda andaluza tuviera reflejo en unos Presupuestos del Estado, Solbes aceptó comenzar a zanjarla. Que Madrid comprendiera qué significaba la deuda fue complicado.
Y si los partidos catalanes y la Generalitat temen una inminente sentencia del Tribunal Constitucional, respondiendo al recurso del PP, que obligue a interpretar el Estatut a la baja en materia de financiación, el Gobierno andaluz ya tiene su propia sentencia. El alto tribunal falló en enero de 2007, respondiendo a un recurso elevado por la Junta contra el Gobierno de Aznar, y dio un varapalo al Ejecutivo de Chaves. El Constitucional lo advirtió muy claro: sólo el Estado decide cuánto y cómo paga, ninguna comunidad puede obligar al Gobierno. Esa sentencia, se dijo, era un ensayo de lo que el TC dirá a Cataluña. En ese caso, fue la deuda la que ensombreció el Estatut.
