-¿Cuál es el principal escollo para que no haya aún sentencia del TC?
-En principio, cuestiones de contenido como la bilateralidad, las relaciones entre Cataluña y el Estado, el concepto de nación, la problemática de los símbolos nacionales o la preponderancia del catalán. Todos estos puntos dejan bastante que desear desde el punto de vista constitucional. En el terreno formal, el escollo es la falta de acuerdo de los magistrados para dictar sentencia.
-¿La eliminación del término ‘nación' desbloquearía la decisión del tribunal?
-El término nación, desde el punto de vista jurídico, no debería añadirse a ningún estatuto de autonomía de ninguna comunidad porque la Constitución establece que la única nación soberana es España. Y no cabe dividirla o enfrentar a las partes con el todo. La sentencia no debería sin embargo desbloquearse sólo por una cuestión de este tipo porque hay más de un centenar de artículos recurridos por el PP y por el Defensor del Pueblo y cada posible inconstitucionalidad tiene que ser vista objetivamente.
-¿Qué implicaciones tiene en la práctica el uso de la palabra ‘nación'?
-Si partimos de que toda nación quiere tener su Estado, a partir de ahí todo Estado establece unos derechos u obligaciones para sus nacionales y ello conllevaría la desigualdad de unos españoles respecto a otros, puesto que se conculca la primera regla del juego democrático: que el único poder soberano es el pueblo. El pueblo español, francés, italiano... el que sea, pero no una de sus partes.
-¿Por qué los magistrados conservadores alegan que el artículo referente a los símbolos nacionales no casa con la Constitución?
-Es el problema que decíamos antes: si no hay nación, no pueden existir símbolos nacionales y no pueden imponerse al resto del Estado.
-¿Está el Tribunal Constitucional politizado? ¿De quién es la culpa, si es que hay culpables?
-El TC tiene un origen político puesto que tiene 12 miembros de los cuales cuatro son elegidos en el Congreso, cuatro por el Senado, dos por el Gobierno y dos por el Poder Judicial. Pero una vez que son elegidos su papel es absolutamente institucional y el desempeño de su función autónomo e independiente. Las sentencias no deben estar politizadas, eso es lo que creemos todos aquellos que confiamos en las instituciones. Y la culpa del bloqueo es que no se ponen de acuerdo. No entro en posiciones torticeras.
-Un retraso de tres años en la sentencia, ¿significa que el sistema falla en algo?
-La dilación de la Justicia, tanto constitucional como ordinaria, conlleva que, al tardar tanto, sea menos justa. Algo falla, incluso desde el punto de vista de la elección, del funcionamiento, del trabajo que tiene el TC, que a veces es excesivo en competencias.
-Tras tanta dilación, ¿perderá el fallo legitimidad?
-Debe de ser creíble. Este fallo y cualquier otro. Eso no se puede poner en duda en ningún caso, por nadie y mucho menos por instituciones autonómicas o nacionales. Las instituciones están para respetarlas, y mucho más por los deberes públicos, estén de acuerdo con ellas o no.
-¿Cómo recuperará el Alto Tribunal el prestigio perdido?
-Hay que reconducir la situación, hay que racionalizar los problemas que llegan al Tribunal Constitucional. No nos olvidemos de que la redacción del Estatut ya fue problemática y, por tanto, es un problema político que se ha hecho jurídico, no todo debe recaer sobre la mesa del TC. Hay decisiones políticas difíciles de analizar jurídicamente. ¿Cómo una institución recupera su prestigio? Trabajando y siguiendo trabajando. Nombrando a los miembros que faltan. Aunque ahora, después de dos años, abrir la posibilidad de nombrarles sería una dilación más para la sentencia, que tiene que salir ya.
