-¿Cuál es el principal escollo para que no haya aún sentencia del TC?
-Eso tendrás que preguntárselo a los magistrados. Puedo tener una cierta impresión, pero eso es especular. Cabe una interpretación del Estatut que es acorde con la Constitución. Ése es el trabajo que se hizo en las Cortes cuando se revisó el Estatuto aprobado, que sí daba dudas de constitucionalidad.
-¿La eliminación del término ‘nación' desbloquearía la decisión del tribunal?
-Yo nunca he entendido que el uso de este término fuera un obstáculo. Podría incluso incluirse en el articulado [ahora sólo está en el Preámbulo] y seguiría sin serlo. Sería una barbaridad suprimirlo porque no le veo fundamentación jurídica. Opino lo mismo del artículo de los símbolos nacionales. No hay problema de constitucionalidad.
-¿Qué implicaciones tiene en la práctica el uso de la palabra ‘nación'?
-No tiene implicación sobre la vida de los catalanes ni de los españoles. Cuando se utilizó el término nacionalidad en la constituyente, todos los debates decían que venía a ser un sinónimo de nación. Nunca como portadora de soberanía, eso sí. Por ejemplo, el Plan Ibarretxe, que reivindica un poder constituyente del pueblo vasco, sí sería inconstitucional.
-¿Por qué los magistrados conservadores alegan que el artículo referente a los símbolos nacionales no casa con la Constitución?
-No lo sabemos, tenemos informaciones periodísticas pero no argumentación escrita.
-¿Está el Tribunal Constitucional politizado? ¿De quién es la culpa, si es que hay culpables?
-Hombre, la carga política de las decisiones del Tribunal Constitucional es grande, aunque no en todos los casos. Cuando el Constitucional controla una ley, cuando anula un precepto, está censurando al legislador. En todos los tribunales constitucionales del mundo la carga política hay que tenerla presente.En este caso, todo ha sido un disparate porque la politización se ha proyectado en el tribunal y lo ha contaminado. Por eso ahora mismo carece de la legitimidad que debe de tener un órgano para tomar una decisión así. Y la culpa es de todos. En principio, la actitud del PP es el detonante, pero hay muchas cosas más que tener en cuenta.
-Un retraso de tres años en la sentencia, ¿significa que el sistema falla en algo?
-Está fallando todo. Hay un partido que es el PP que se niega a debatir en el Parlamento y se reserva el derecho a interponer el recurso intentando ganar en el TC lo que no ganó en las elecciones. A partir de ahí, el proceso de recusaciones, la modificación de la ley orgánica y el nombramiento de la presidenta, los recursos a la ley, las dos recusaciones contra magistrados, que se muera un magistrado y no se sustituya, cuatro magistrados con prolongación de mandato... No hay nada que se haya hecho bien. No se debería haber llevado el Estatut al TC. Y, si se lleva, el tribunal se rompe. Eso es lo que está pasando.
-Tras tanta dilación, ¿perderá el fallo legitimidad?
-Depende de cuál sea el fallo. Varía mucho. Si es una sentencia confirmatoria del Estatuto, no pasa nada, el Estatut lleva tres años en vigor y no ha pasado nada. Cuando entró en vigor se dijo que era la ruptura de la unidad de España y no sé cuántas cosas más. Llevamos tres años y ni siquiera ha aumentado la conflictividad entre el Estado y las comunidades. Estamos en una situación de normalidad. Depende de qué y cómo diga el Tribunal, veremos una reacción u otra en Cataluña. Algo tendrán que decir.
-¿Cómo recuperará el Alto Tribunal el prestigio perdido?
-De momento, hay que salir de ésta y después ya veremos en qué condición queda el TC, si puede haber renovación o no. Tiene que haber diálogo o nos encontraremos en un berenjenal político difícil de solucionar.
