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El Estatuto se despliega al 20% dos años después de su referéndum

El miércoles el Estatuto apaga dos velas. Se cumplen dos años desde su aprobación con una pírrica participación y un aplastante sí. La Junta se comprometió a desplegarlo rápido para que la calle notara cuanto antes sus efectos. Hoy, 8 de las 40 leyes más relevantes están en vigor. La crisis lo ha frenado.

el 15 sep 2009 / 22:40 h.

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El miércoles el Estatuto apaga dos velas. Se cumplen dos años desde su aprobación con una pírrica participación y un aplastante sí. La Junta se comprometió a desplegarlo rápido para que la calle notara cuanto antes sus efectos. Hoy, 8 de las 40 leyes más relevantes están en vigor. La crisis lo ha frenado.

La noche del 18 de febrero de 2007 el presidente de la Junta, Manuel Chaves, apostó por desplegar cuando antes el Estatuto de Autonomía para demostrar que la reforma fue "acertada" y que mejoraría la vida de los ciudadanos. Poco después el Ejecutivo pisaría el acelerador. En abril, el Parlamento de Andalucía celebraría el primer pleno monográfico para desarrollar la ley orgánica andaluza. Se prometió una comisión que vigilaría su desarrollo y que aún no se ha creado.

En aquel pleno, el acuerdo político fue imposible y el pacto tripartito que alumbró la Carta Magna andaluza, nacida con el consenso de PSOE, PP e IU, se hizo añicos. Los socialistas decidieron entonces comenzar a ejecutar el Estatuto a todo tren y dividido en tres bloques. Por un lado las leyes más sociales, con la ley de educación, igualdad, contra la violencia de género o el derecho al consejo genético como protagonistas, vieron la luz en los meses siguientes.

Dentro de un bloque más económico, se aprobó la creación de la Agencia Tributaria Andaluza. Y en otro más político se reguló el Consejo Andaluz de Concertación Local que canaliza la interlocución de Junta y ayuntamientos. En un récord sin precedentes, desde septiembre a diciembre, la Cámara pisó el acelerador y puso en la calle de una tacada 15 leyes. El 40% de la producción legislativa de una legislatura copada por la reforma estatutaria. Tal y como advirtió el presidente Chaves a las filas socialistas en un debate, quedó demostrado que era "un profundo error creer que el trabajo de este Parlamento se ha acabado con la aprobación del Estatuto".

El ritmo cae. Pero aquel ritmo frenético ha decaído desde las pasadas elecciones de marzo. La crisis se ha instalado de forma omnipresente y ha ralentizado el desarrollo estatutario, que ha pasado de ir a cien a por hora a tener ritmo de paseo. Desde que en abril se constituyera el Parlamento de la octava legislatura, sólo dos leyes, el Presupuesto y dos decretos han visto la luz. Dos paquetes con medidas anticrisis han sido los grandes protagonistas. La ley de mediación familiar -aprobada la semana pasada- y la norma que regula la condición de gran población, son las únicas que desarrollan preceptos del Estatuto y que han visto la luz bajo la batuta del Gobierno actual. Ambas ya llegaron a registrarse en la Cámara en el mandato anterior, pero las elecciones llegaron y decayeron.

Decreto-ley. A cambio, el Gobierno andaluz ha utilizado con éxito la prerrogativa que estrenó con el Estatuto de aprobar decretos-ley. Una fórmula, antes reservada al Estado, que le permite agilizar la tramitación de medidas de carácter urgente. Lo ha utilizado dos veces en pocos meses para tapar la hemorragia abierta con la inesperada crisis.

Según la información facilitada por el Gobierno andaluz, son un total de 22 las leyes aprobadas por el Parlamento para desarrollar el Estatuto, 19 en la legislatura pasada. La ley que regula la investigación con células madres fue la primera en cuya exposición de motivos remite a un artículo del nuevo texto estatutario. Sus números son mejores porque el Gobierno incluye algunas sobre las que se puso el foco durante la reforma pero también otras como la de protección de la calidad de los vinos andaluces que en absoluto formaron parte del meollo.

En cartera. En una fase de su elaboración ya muy madura, según el Gobierno, se encuentran hoy tres de las leyes sociales de más relumbrón. La de dignidad en el la muerte, la de inclusión social -que fija la renta básica- y la que regula el derecho a la vivienda han sido prometidas por Chaves para los próximos meses.

Quedan otras 34. El vicepresidente primero del Gobierno, Gaspar Zarrías, abrió la legislatura prometiendo un primer catálogo de 37 leyes que regularían muchos de los nuevos derechos reconocidos en el Estatuto. Aparte de las tres que el Gobierno anuncia como inminentes, Zarrías aseguró que se aprobarían la ley de dependencia, la de servicios sociales, la de protección de datos, la que regularía el uso de la lengua de signos, la de salud o la ley de participación que abriría la política a los ciudadanos. Ninguna ha pasado aún por el Consejo de Gobierno como primer paso de la tramitación ordinaria de los textos legales.

También dos normas fundamentales para los ayuntamientos, la de régimen local que redefinirá sus competencias y la que regulará su participación en los tributos de la Junta para mejorar su financiación siguen en el aire, pese a que ya existen contactos con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Igualmente está parada la reforma de la Ley Electoral -el Estatuto abre la puerta a ampliar el Parlamento-, pese a que el Gobierno admitió tener un borrador ya elaborado. O la ley que creará el Consejo de Justicia de Andalucía.

Al margen del desarrollo legislativo, son varias las conquistas políticas de este texto para ensanchar el autogobierno. El 20 de septiembre el Guadalquivir se convirtió en el primer río que discurre por varias comunidades que quedó en manos de una administración autonómica.

Además las inversiones del Estado en Andalucía en sus presupuestos postestatuto ha respetado el peso de la población andaluza en el conjunto del Estado, garantizado que la comunidad haya recibido un mordisco por encima del 17% de la tarta estatal. Una nueva ley regula ya la designación de senadores, el Parlamento ha promovido a sus candidatos al Tribunal Constitucional y se han constituido las comisiones que estrechan lazos con el Estado.

Hay una larga sombra que debería desaparecer el próximo 20 de marzo, seis meses después de la fecha que el Estatuto fijó para cuantificar la deuda histórica. Un concepto que colea desde el texto anterior y que se refiere al dinero que el Estado adeuda a Andalucía por haberle transferido en los albores de la autonomía servicios básicos más dotados. Es el incumplimiento más antiguo. Si el Estatuto va a cumplir dos años, la deuda tiene ya 27.

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