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El euro solidario: iniciativa de los colegios profesionales jurídicos

Abogados, graduados sociales y administradores de fincas están llamados a aportar ayuda a Cáritas.

el 03 jul 2014 / 23:31 h.

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Muchos socios de los colegios profesionales de abogados, graduados sociales y administradores de fincas de Sevilla aportan a la organización de ayuda social Cáritas un euro extra que se detrae de su cuota mensual. Solo entre el Colegio de Abogados han aportado, hasta el 1 de junio, 149.000 euros en los dos años de vigencia que tiene esta medida, 6.200 cada mes, según el desglose ofrecido ayer en la mesa redonda El euro solidario del  Encuentro de El Correo Responsabilidad social empresarial por la tesorera del colegio, Deborah Delmás. Imagen _MG_6880 La idea partió en julio de 2012 del decano del Colegio de Abogados, José Joaquín Gallardo, recordó Delmás. De esa aportación en apariencia anecdótica llega una cantidad importante de recursos a disposición de Cáritas, que se encarga de resolver necesidades alimentarias o muy básicas a un número de sevillanos cada año mayor desde que se inició la crisis económica. Y si en algo coincidieron los tres participantes en la mesa redonda (además de Delmás, Rafael del Olmo, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla; y Rafael Hidalgo, presidente del Colegio de Graduados Sociales de Sevilla) fue en destacar que la recuperación «no se nota» en los despachos en los que atienden al «último eslabón de la economía». Por ello no se han limitado al euro solidario como prestación para las víctimas de la crisis económica. Hidalgo expuso que el Colegio de Graduados Sociales mantienen becas de estudios y además dos oficinas de asesoramiento sociolaboral, una en el edificio de los Juzgados y la otra en Bellavista, que suman más de 2.000 consultas de personas en condiciones muy precarias. Del Olmo expuso que el Colegio de Administradores de Fincas ha establecido un turno de oficio para atender a pequeñas comunidades de vecinos donde un porcentaje significativo de familias no puede pagar la comunidad y ponen en riesgo la prestación de servicios básicos –en las comunidades antiguas el agua se abona en la comunidad–, mientras que el de Abogados tiene que socorrer de forma directa a colegiados que han perdido el trabajo.

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