El ex alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Hernán Díaz, y su edil de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez, ambos del partido Independientes Portuenses (IP), son dos de los 11 imputados por una trama supuestamente dedicada a la especulación urbanística en la citada localidad gaditana. Según informó ayer la Guardia Civil, la llamada Operación Tequila contra el urbanismo ilegal aún está abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones. Los delitos que se imputan a estos primeros 11 implicados son los de prevaricación, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios, falsedad documental y contra la ordenación del territorio. Entre esos otros implicados se encontrarían varios propietarios de viviendas que presuntamente se beneficiaron de las medidas municipales, así como algún empresario local.
La operación, iniciada tras una denuncia del grupo portuense de Izquierda Unida y otra más de Ecologistas en Acción, ha destapado toda una red de supuestas irregularidades que se desarrollaban dentro del término municipal. Los problemas se detectan entre los años 2004 y 2007, un periodo en el que, afirma la investigación de la Benemérita, se concedieron licencias de obras y se legalizaron viviendas en zonas donde ninguna de las dos actuaciones serían legales, al tratarse de suelos que "o no tienen el carácter de urbano o, aún teniéndolo, no han adquirido el derecho de edificar por no haber culminado la tramitación urbanística", informa el Instituto Armado.
De momento, según fuentes de la investigación, el ex regidor y su concejal han declarado ante los agentes y se espera a que avance el proceso para ver si pasan a disposición judicial. Díaz fue inhabilitado en 2006 tras ser condenado por un delito de prevaricación, al nombrar "sin que mediara ningún proceso selectivo" a un responsable de Policía Local.
La portavoz de IU en El Puerto de Santa María, Pepa Conde, mostró ayer su "satisfacción" por la intervención policial, aunque reconoció que "la coalición ha puesto tantas denuncias por irregularidades urbanísticas que no se sabe a ciencia cierta por cuáles está actuando ahora la Guardia Civil". Dos de los casos más "flagrantes" de los que han alertado en los últimos años han sido la concesión por parte de Díaz, Rodríguez y su equipo de una licencia de ampliación al local del alterne Oh Puerto, "en terrenos que tenían la catalogación de suelo urbanizable programado", y la llamada Casa de las Cadenas, con una orden de demolición que no se ha ejecutado. También se revisan ocho viviendas en La Caridad y Rompeserones.
El parlamentario andaluz de IU por Cádiz, Ignacio García, señaló, por su parte, que si se confirman las imputaciones contra el equipo de Gobierno de IP, "estaríamos ante hechos muy serios" que "deberían tener respuesta judicial". García incide en el hecho de que lo que ha constatado la Guardia Civil "no es sólo lo que ha ocurrido otras veces de mirar hacia otro lado, sino de dar licencias, es decir, de respaldar administrativamente proyectos en lugares donde no se podía construir porque no tenían ni siquiera adquirida la condición de urbanizables". A su entender, ese es "el máximo desprecio que se le puede hacer a la ley", "saltándose a la torera totalmente", por lo que seguirán denunciando más casos.
