El ex consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Fernández, explicó ayer ante la juez del caso Mercasevilla que nada más conocer la existencia de una grabación en la que se pedían comisiones ilegales a unos empresarios ordenó investigar lo ocurrido y denunciarlo ante la Fiscalía. Además, aseguró que desconocía qué empresa iba a gestionar la Escuela de Hostelería para cuya puesta en marcha la entidad solicitó una subvención. Es más, Fernández dijo que creía que sería la Fundación del mercado central hispalense la que llevaría la dirección del proyecto y que el Grupo La Raza, que era el que se iba a hacer cargo, actuaba como "asesor técnico".
En su declaración como testigo ante la titular del Juzgado de Instrucción número 6, Mercedes Alaya, Fernández aseguró que el ex delegado provincial Antonio Rivas, imputado en la causa, "nunca ha tenido facultad alguna para tomar decisiones sobre subvenciones excepcionales", como era la que se otorgó a Mercasevilla (de alrededor de 900.000 euros). Sobre esta cantidad, el ex consejero de Empleo dijo que la misma "no podía ser comprometida" por el entonces director general de Formación para el Empleo, Juan Manuel Fuentes Doblado, sino que éste sólo "la propuso" porque el único que podía comprometerla era él mismo "con mi firma".
Fernández también fue preguntado por la grabación en la que supuestamente el ex director general de Mercasevilla, Fernando Mellet, y su adjunto Daniel Ponce reclaman una comisión a los empresarios de La Raza a cambio de hacerse con la gestión de la escuela. En este sentido, el ex consejero dijo que supo de su existencia el 11 o 12 de febrero de 2009 y que ese mismo día convocó a su equipo directivo y a Rivas, a los que ordenó "que mirasen el expediente, que abriesen una investigación interna". La misma la llevó a cabo el entonces viceconsejero, Agustín Barberá, que "paralizó el expediente íntegro y los pagos". Además, Barberá denunció los hechos en la Fiscalía tras oír la grabación, que Fernández negó haber escuchado, como también negó haber informado al Ayuntamiento de los hechos ocurridos. Fernández también aclaró que Rivas nunca se opuso a esta actuación".
Por otro lado, en declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press, Fernández negó que existiese un acuerdo para "ahuyentar la legalidad" en la tramitación de los expedientes de regulación de empleo (ERE), tras las presuntas irregularidades que han salido a la luz pública. "Prueba de ello", a su juicio, es que "durante años, nadie ha acudido a la Justicia por ningún tema relacionado con la gestión que hemos hecho ni IU ni yo". Asimismo, recordó que los ERE de 2003 y 2007 de Mercasevilla fueron autorizados por Empleo, pero sólo el primero de ellos gozó del respaldo financiero de la Administración autonómica por lo que al pago de las prejubilaciones acordadas se refiere. En el segundo no existe compromiso de pago por parte de la Junta.
