El exdirector financiero de Invercaria, la empresa de capital riesgo de la Junta, prestó ayer declaración durante cuatro horas ante el juez en la investigación abierta por supuestas irregularidades graves en esta sociedad pública dedicada a financiar proyectos empresariales de riesgo. Antonio Nieto, que fue apoderado de la sociedad y está imputado por delito de malversación, falsificación y tráfico de influencias, aportó algunos datos llamativos sobre el funcionamiento de Invercaria. El exresponsable financiero accedió a su cargo en 2006 con Tomás Pérez-Sauquillo como presidente y aún es trabajador de Invercaria con un sueldo de 40.000 euros anuales. Ayer admitió ante el juez de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, que fue contratado por motivos de amistad y que no tiene estudios superiores. Según consta en su declaración, no es licenciado universitario y su contrato surgió porque era amigo del hermano de Tomás Pérez y por ello se conocieron y empezaron su relación comercial. Cursó Bachillerato y hasta segundo de Empresariales y después cursos de destrezas gerenciales, de ventas y de desarrollo personal. Nieto defendió que fue contratado por su capacidad y porque le llamó Pérez- Sauquillo pero que no participó en ningún procedimiento de selección. Su trayectoria profesional estuvo durante años vinculada a la banca privada pero nada de lo que trató con él tuvo que ver con el mundo del capital riesgo, dejó claro. Es uno de los aspectos más significativos de la declaración del exdirector financiero de Invercaria, empresa bajo la lupa de los tribunales por sus cuantiosas inversiones en proyectos empresariales fallidos. La Cámara de Cuentas realizó un informe en 2009 donde puso al descubierto numerosas irregularidades. Uno de los proyectos con financiación pública más comprometidos es el de las Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA), un portal destinado a hacer marketing en la red de las pymes andaluzas. A diferencia de la mayoría de las iniciativas financiadas con dinero público a través de Invercaria no fue impulsado por emprendedores ajenos a la sociedad sino que fue montado por el presidente, Pérez Sauquillo. FIVA participada por la propia Invercaria, Novasoft, Grupo Imagen y Corporación Gráfica recibió 600.000 euros del presupuesto público. El exdirector financiero declaró ayer que el entonces presidente de Invercaria le ordenó en 2009 que se efectuara asistencia financiera a FIVA, cosa que nunca había pasado con anterioridad, para cubrir los gastos corrientes.La mitad de los gastos corrientes de esta empresa fueron atendidos por Invercaria, ante lo cual Nieto dijo que mostró su extrañeza...porque no era el modo de trabajar e invertir de la sociedad pública. Sobre los controles internos de Invercaria, su exdirector financiero declaró ante el juez que Invercaria se dedicaba a las funciones propias de una sociedad de capital riesgo aunque no estaba sometida al control de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Nieto aseguró que nunca ningún consejero de la Junta le pidió los números de Invercaria ni las cuentas de la empresa. Asimismo señaló la colaboración de asesores externos, señalando a los despachos Garrigues, Deloitte y también pudo ser el despacho de Jesús Bores. Ante el juez, el exapoderado se retractó de que hubiera dicho a la Cámara de Cuentas que el elevado gasto de personal de la empresa se debía a la inclusión en las nóminas de personas ajenas a ésta, mochileros, y que detallara el nombre de cuatro personas. Nieto defendió la honestidad de Pérez Sauquillo y negó que haya incrementado su patrimonio o se haya beneficiado ilícitamente. El caso Invercaria se abrió hace un año, cuando la Fiscalía envió un decreto al juzgado en el que solicitaba al juez que se investigaran los 278 proyectos subvencionados con 62 millones de euros por la sociedad pública de capital riesgo desde su creación en 2005. El Ministerio Público incidía en la falta de controles internos. Previamente la Fiscalía Superior de Andalucía, que llevó la investigación, destacó la relevancia penal de las irregularidades detectadas. El Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía señaló en su informe graves irregularidades y destacó la ausencia de criterio para las inversiones. Con anterioridad, una disputa laboral dentro de Invercaria destapó el supuesto escándalo. El exdirector de Promoción de la entidad, Cristóbal Cantos, denunció un despido improcedente, que fue desestimado, y aportó como prueba la grabación de una conversación con su entonces jefa, la expresidenta Laura Gómiz, en la que supuestamente daba la orden de manipular documentos para suplir los agujeros detectados por la Cámara de Cuentas. El PSOE siempre ha dado un tinte político a la cuestión, vinculando con el PP a Cantos, que acaba de ser nombrado por el Gobierno central director financiero de la Zona Franca de Cádiz.
