El Juzgado de Instrucción 15 de Sevilla ha exculpado al ex edil del Distrito Macarena José Antonio García del caso de las facturas falsas. La juez, como el fiscal, considera que se limitaba a firmar y que "ni sospechaba lo que ocurría". Los otros tres imputados sí se sentarán en el banquillo ante un jurado popular.
El ex concejal del Distrito Macarena José Antonio García no se sentará en el banquillo de los acusados ante un jurado popular por el caso de las facturas falsas, después de que la juez del Juzgado de Instrucción número 15 de Sevilla le haya exculpado, al igual que hizo en su día la Fiscalía de Sevilla, al considerar que se limitaba a firmar "los cheques que le ponían por delante".
La juez titular, Silvia Soto, dictó ayer un auto en el que ordenaba el sobreseimiento de la causa para García, mientras que sí decretó la apertura de juicio oral para los otros tres acusados, el ex secretario del Distrito Macarena, José Marín; el empresario, José Pardo; y el colaborador del distrito Manuel Portela.
Según explicaron fuentes del caso, la magistrada ha empleado los mismos argumentos que la Fiscalía sevillana para exculpar al ex edil: se basó en mantener que García firmaba lo que le indicaba Marín. Se da la circunstancia de que este mismo argumento fue el que empleó el Ministerio Público para mantener la imputación del socialista, ya que, por entonces, el mero hecho de firmar los documentos era entendido como suficiente para hacerlo responsable también de la existencia de facturas duplicadas.
En este sentido, el letrado de García, José Manuel Sánchez del Águila, lamentó "profundamente" que "durante más de dos años venga repitiendo el mismo argumento en todos mis recursos y que no haya sido hasta ahora cuando se ha llegado a esta conclusión". No obstante, mostró su "satisfacción y alegría" por el sobreseimiento de la causa, más aún "cuando a nuestro favor la juez ha ido al fondo del asunto y ha estimado que él no conocía ni sospechaba lo que ocurría".
Sánchez del Águila se apoyó en la audiencia preliminar del jurado, hace ya más de un mes, en la doctrina del Tribunal Supremo dictada en el caso de las supuestas cesiones de crédito del presidente del Banco Santander, Emilio Botín, en el que el sobreseimiento de la causa se justificó argumentando que "no es posible proseguir unas actuaciones penales cuando lo solicita exclusivamente la acusación popular". El letrado explicaba que en el caso de las facturas falsas ni el fiscal, ni la acusación particular -el Ayuntamiento- acusan a García, con lo que "la acusación popular ejercida por el PA no puede llevarle por sí sola al banquillo".
En el auto la juez no cita expresamente este caso, pero a criterio del abogado "estima esta doctrina porque ningunea la acusación del PA", ya que, según dijo, "se adhiere por completo a la argumentación del fiscal, sin citar a la acusación y sin entrar a rebatir sus argumentos para mantener la acusación contra García".
Sánchez del Águila también se mostró confiado en que la decisión de la magistrada será firme, pese a que el PA -que pide 12 años de prisión para García Marín por malversación de fondos públicos y falsedad documental- ejerza su derecho a recurrir el sobreseimiento, tal y como indica la Ley del Jurado, que, en cambio, no permite recurrir la decisión de apertura de juicio oral, con lo que los otros tres imputados no podrán oponerse a la decisión del juzgado de instrucción.
El letrado explicó que "la doctrina Botín ya es jurisprudencia" porque esta misma semana el Supremo a dictado una segundo fallo judiicla en la misma línea. Así hizo referencia al caso del ex presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, condenado por no disolver el grupo de Batasuna, pues la sentencia señala que "en los casos en los que no se ha personado la acusación particular o cuando no es posible que se persone, porque el delito afecta a un bien jurídico, la acusación popular puede lograr la apertura de juicio oral aunque el fiscal pida el sobreseimiento", como ocurre en el caso Atutxa.
Sin embargo, en el caso de García "sí existe acusación particular, con lo que esta sentencia apoya nuestra argumentación". De ahí que la defensa del ex concejal se muestre confiada en contar "con el respaldo de esta doctrina en caso de que el PA recurra el sobreseimiento".
No obstante, el letrado de los andalucistas, Juan José Sánchez, no ha querido aún pronunciarse sobre un posible recurso a la decisión judicial, a expensas de que el auto les sea notigicado la próxima semana. "Hasta que no tengamos el auto y estudiemos los fundamentos de derecho no vamos a aventurarnos a decir nada".
La causa será ahora derivada a la Oficina del Jurado de la Audiencia Provincial de Sevilla que, tras la fase de alegaciones previas, deberá señalar la fecha para celebrar la vista oral. En el banquillo se sentarán José Marín, para quien el fiscal pide la pena de cuatro años y seis meses de prisión por un supuesto delito de malversación; el contratista José Pardo, para quien la Fiscalía reclama 21 meses por un delito continuado de falsedad más otros dos años y seis meses por malversación; y el colaborador del distrito Manuel Portela, para quien el Ministerio Público solicita un año y cinco meses de prisión.
Según consta en el escrito de acusación del fiscal, Marín permitió que Pardo "se apropiara lisa y llanamente" del importe de las facturas cobradas ilegalmente, "con la colaboración de Portela". De las 28 obras menores efectuadas por el empresario, cuatro no se ejecutaron, tres se cobraron doble y otras seis se cobraron completas, pero los trabajos se hicieron parcialmente.
