Alaya ve un «continuo flujo de favores» entre Mellet y el mediador de los ERE

Anticorrupción reclama que al exdirector de Mercasevilla se la imponga una fianza civil de cinco millones de euros por el ERE de 2003 y hace responsable subsidiario de esta cuantía a la lonja.

el 23 abr 2014 / 11:51 h.

15688085El conseguidor de los expedientes de regulación de empleo (ERE) Juan Lanzas, el exdirector de Mercasevilla Fernando Mellet y el exdirector general de Trabajo Francisco Guerrero formarían para la jueza Mercedes Alaya un triángulo perfecto que permitió que el ERE de la lonja de 2003 fuera financiado por la Junta de Andalucía. En especial, la magistrada destaca la relación de Mellet y Lanzas quienes mantendrían un «continuo flujo de intercambios de favores», por el Lanzas se embolsó más de 492.000 euros. Anticorrupción pidió ayer que se le imponga a Mellet una fianza civil de cinco millones de euros, tras negarse a declarar, de la que considera responsable subsidiario a Mercasevilla. El exdirector de la lonja se volvió a reencontrar con Alaya, que le citó a los tres años y tres meses de imputarle por las irregularidades detectadas en los ERE de Mercasevilla, de 2003 y 2007, y de nuevo se negó a declarar. Mellet salió del despacho del Juzgado de Instrucción número 6 con una lista de seis delitos: malversación, prevaricación, tráfico de influencias, falsedad en documento mercantil, asociación ilícita y blanqueo de capitales. Y con la petición del fiscal de que se le imponga unos cinco millones de euros, por la póliza del ERE de 2003, en concepto de fianza civil, solicitando además que se haga responsable subsidiario a Mercasevilla, debido al cargo que él ostentaba en la misma. La Junta de Andalucía se adhirió a esta petición, mientras que el abogado de Mellet, José Manuel Carrión, se opuso porque la cantidad «ha quedado indeterminada, no sabiendo cuáles son realmente los cálculos que hay que hacer para defenderse y a qué obedecen», negando que Mellet actuara «fuera de la legalidad». En el relato de los hechos que se le imputan, la magistrada destaca que Mellet «debido a las nuevas relaciones que a través de Juan Lanzas» mantenía con el exdelegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas y con Guerrero «se plasmaría un protocolo», donde éste último «se comprometía al pago de las prejubilaciones» del ERE de 2003, pese a que el exdirector de la lonja «no había formalizado solicitud de subvención alguna» y a que el mercado «había podido dar resultados positivos en su cuenta de explotación». Así, la Junta haría frente al pago del 90% del ERE, es decir, más de cinco millones de euros, y el resto la lonja, con 601.012 euros. «Tras el éxito de este primer expediente Mellet en connivencia con Juan Lanzas remitiría en 2005 una nueva solicitud de ERE». En el mismo, ambos «puestos de común acuerdo y a sabiendas de la injusticia» introducirían en la póliza, «cuya prima iba a ser financiada por la Junta» –aunque finalmente no se hizo–, a «una persona ajena a Mercasevilla y del entorno de Juan Lanzas, Antonio Garrido Santoyo». Éste intruso, que fue secretario de Administración dantonio-garrido-santoyoe UGT en Sevilla y exsecretario de política municipal del PSOE en Baeza (Jaén), también fue citado ayer por la jueza, aunque se acogió a su derecho a no declarar tras recordar que él ha devuelto las cantidades cobradas. Según Alaya, Lanzas «intentó incluirse en la póliza» para poder cobrar «por su intermediación», a lo que Mellet se negó «no por considerarlo ilegal, sino pr temor a ver directamente asociado el nombre de Lanzas con Mercasevilla». Finalmente, mediante contratos con una empresa del cuñado de Lanzas y a través de «diversas facturas falsas» a nombre de Juan Francisco Algarín Lamela, Lanzas percibiría de Mercasevilla 492.655 euros. De esta forma, «y en este continuo flujo de intercambio de favores, Mellet conseguiría» que Lanzas contratara al exconcejal y expresidente de Mercasevilla José Antonio García González, que cesó en ambos cargos por su implicación en el caso de las facturas falsas de Macarena del que luego resultó absuelto. Unos contratos que «presuntamente servirían para conseguir la cotización a la Seguridad Social necesaria para poder acceder a las prestaciones públicas que pudieran corresponderle». Asimismo, en el ERE de Mercasevilla y para que el comercial de Vitalia Francisco José González García, también citado ayer aunque tampoco declaró, «cobrara su comisión» «se suscribiría un contrato» con la empresa Hermes Consulting, propiedad del cuñado de González que tenía por objeto «la obtención de subvenciones» que supuso a Mercasevilla un coste de 111.630,45 euros. El abogado de este comercial, Juan Ignacio Fernández, explicó que su cliente «creía que el ERE era legal» y que si intentó introducir un intruso en el de 2003 fue porque Lanzas le dijo «que así cobraría su comisión». El fiscal le pidió 150.000 euros de fianza civil.  

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