El ex interventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez Martínez, que fue imputado junto a otros 19 cargos o ex altos cargos por la juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha solicitado formalmente a la administración autonómica que le preste asistencia jurídica.
Fuentes de la Junta de Andalucía han informado a Europa Press de que el exinterventor, que está citado a declarar por la juez Mercedes Alaya el próximo día 25 de julio, ha pedido a la administración que su gabinete jurídico le preste asistencia en este caso, una solicitud a la que la Junta aún no ha respondido, en espera de que la Audiencia Provincial de Sevilla resuelva su recurso contra el auto en el que la magistrada imputó a estos 20 cargos o ex altos cargos.
En dicho auto, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla imputó, entre otros, a la exconsejera de Economía y Hacienda entre los años 1994 y 2004, exministra de Fomento y actual vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Magdalena Alvarez, y al actual viceconsejero de Presidencia y director general de Presupuestos entre el 21 de abril de 2002 y el 26 de abril de 2009, Antonio Vicente Lozano Peña.
Hay que recordar que la Junta ha solicitado a la juez que suspenda la declaración del ex interventor general hasta tanto en cuanto la Sección Séptima de la Audiencia Provincial no resuelva su recurso de apelación. Tras ello, la magistrada ha pedido a la Fiscalía Anticorrupción y al resto de partes personadas que se pronuncien sobre dicho extremo en el plazo de dos días.
La Junta ya recordó en un comunicado que, según la disposición adicional segunda del decreto por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y del Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía, "los letrados de la Junta podrán representar y defender a las autoridades y personal al servicio de la Administración de la Junta, cualquiera que sea su categoría, en toda clase de procedimientos judiciales que se dirija contra ellos, siempre que se trate de actos u omisiones realizados en el ejercicio de sus cargos cumpliendo el ordenamiento jurídico o las órdenes de sus superiores, y que se conceda la autorización correspondiente, previo informe del Gabinete Jurídico, por el titular de la Consejería de quien dependa el afectado".
Igualmente, apuntó que en su artículo 3, dicha disposición establece literalmente que "en los casos en los que, resultando procedente la defensa de las autoridades y personal de la Administración de la Junta de Andalucía por los letrados de la Junta de Andalucía, pudiera existir incompatibilidad material por la posición procesal de la Comunidad Autónoma haya de mantener en el mismo o en otros procedimientos, la Consejería competente, previo informe del Gabinete Jurídico, podrá contratar los servicios de profesionales que se encarguen de la defensa de aquel personal".
En dicho comunicado, la Junta explicó que dicho decreto "asiste y protege jurídicamente al personal de la Junta de Andalucía en su conjunto, sin distinción alguna por cargo o función. Solo tiene en cuenta que el proceso judicial afecte al desarrollo de sus funciones contempladas en el marco de la ley".
En este sentido, recordó que "hasta ahora, y después de tres años de instrucción judicial, la Junta solo se ha hecho cargo de la defensa de Daniel Rivera, ex director general de Empleo, porque así lo estimó conveniente el servicio jurídico, el mismo servicio que ha solicitado la imputación y afianzamiento de varios ex altos cargos de la Junta".
Por su parte, el coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha insistido en que la Administración andaluza no debe pagar ni asistir a ninguno de los imputados en el caso de las irregularidades de los expedientes de regulación de empleo (ERE).
