El ex jefe de la Udyco de Sevilla (la unidad antidroga de la Policía Nacional), F.T.P., se sentará en el banquillo de los acusados después de que la Fiscalía haya solicitado para él dos años de inhabilitación para ejercer cargo público relacionado con la seguridad pública por favorecer a un matrimonio de narcotraficantes que tenían su negocio en San Juan de Aznalfarache. Un caso que está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción número 19, el mismo que investiga el robo de 150 kilos de droga en la Jefatura de Blas Infante y por el que F.T.P. está imputado como encubridor, después de que la juez descartara su participación en el robo.
La acusación contra el ex jefe antidroga, que en la actualidad dirige la brigada de Seguridad Ciudadana, se basa en las declaraciones que realizaron sus dos supuestos confidentes cuando su domicilio fue registrado. Esto ocurrió el 17 de enero de 2009, cuando se hizo un registro en varios pisos propiedad de J.C.M., conocido como El Barriga, y de su esposa, M.Y.C. Durante el mismo, según relata el fiscal en su escrito, ambos "alardearon de conocer y ser amigos" de F.T.P., "lo que hicieron tanto ante la secretaria judicial como ante los funcionarios de Policía de la Unidad de Asuntos Internos que intervenían en el registro, pidiéndoles que llamaran a Paco Tarifa para ver si se puede arreglar todo".
Unas declaraciones que la defensa del policía recordó que "son las únicas pruebas" en las que se basa la acusación, pese a que "no fueron ratificadas" ante la magistrada. La abogada de F.T.P. insistió en su inocencia porque la investigación por la que fue detenido El Barriga y su mujer "no era competencia de él" y en que "la acusación no está fundada" porque se basa en unas manifestaciones que "no han sido corroboradas", por lo que solicitará la libre absolución.
La Fiscalía, en cambio, cree que hay pruebas suficiente, ya que "pese a tener conocimiento de la actividad a la que venían dedicándose" este matrimonio, "se abstuvo de intervenir directamente o de comunicar tal actividad delictiva a sus superiores o a otros servicios policiales". Por ello, pide la apertura de juicio oral para el agente al que acusa de un delito de omisión del deber de perseguir delitos. Esto supondría que de ser condenado, F.T.P. también tendría que cesar en su actual cargo.
Además de la condena para el agente, la Fiscalía reclama cuatro años de prisión para la pareja y 1.000 euros de multa por un delito contra la salud pública. Según el Ministerio Público, los dos narcos llevaban a cabo su actividad en su piso de San Juan de Aznalfarache "sin adoptar medidas de seguridad", ya que incluso tenían "la puerta abierta para facilitar la entrada de los compradores que, si eran varios, algunos esperaban su turno en la calle hasta que los que esperaban dentro eran despachados".
