El Tribunal Especial de lo Criminal de París condenó ayer al ex jefe del aparato militar de ETA Juan Ibón Fernández Iradi, Susper, a treinta años de cárcel por considerarle culpable de intento de homicidio por los ocho balazos que le disparó a un gendarme en noviembre de 2001. Susper defendió el derecho a decidir de los vascos.
Los siete magistrados absolvieron al otro etarra, Antonio Agustín Figal Arranz, de la acusación de complicidad en ese hecho, pero le impusieron una pena de diez años de cárcel por otros delitos por los que también era juzgado. El tribunal ordenó que los dos etarras cumplan de manera efectiva al menos dos tercios de sus penas y dictó contra ellos la prohibición definitiva de estancia en Francia una vez que las hayan purgado.
Después de dar por la mañana la última palabra a los acusados para que se defendieran, los magistrados se retiraron a deliberar y, casi cinco horas más tarde, dieron su veredicto, que no se alejó mucho de las peticiones del fiscal. En concreto, el Ministerio Público había solicitado treinta años de prisión para Susper por "intento de homicidio voluntario" y doce para Figal Arranz, y que en ambos casos cumplieran de manera efectiva al menos dos tercios de sus penas.
Por el contrario, la defensa había pedido la absolución de Figal Arranz y que, en lugar de intento de homicidio, a Fernández Iradi se le aplicara el supuesto delito de "violencia voluntaria" contra el gendarme Gérard Larroudé, que estuvo varios días entre la vida y la muerte tras recibir ocho impactos de bala en las cercanías de Lucq de Bearn. El Tribunal no reconoció eximente alguna en el comportamiento de Fernández Iradi, que durante el juicio había asegurado que actuó por "pánico" y sin reflexionar ante lo que consideró actitud amenazante del gendarme Larroudé, quien negó ese comportamiento.
El antiguo jefe del aparato militar de ETA aprovechó el último turno de palabra otorgado por el Tribunal para insistir en la existencia de un "conflicto político" en el País Vasco que debe solucionarse mediante "el diálogo". Susper, de 36 años, reflexionó acerca de la situación en el País Vasco y, a este respecto, aseguró que hay un "conflicto político" derivado de la negativa de las autoridades españolas a aceptar el derecho a la autodeterminación de los vascos, un problema que hay que resolver "con diálogo", porque "la represión no es la solución".
Susper quiso rebatir algunas de las declaraciones escuchadas durante el proceso iniciado el pasado lunes 4 de febrero, entre ellas los argumentos de la parte civil personada en el caso, que puso de relieve que nada puede justificar los atentados de ETA cuando España es una democracia desde 1978.
"ME apellido FERNÁNDEZ". Susper alegó que los vascos "no pueden decidir su futuro" precisamente porque la Constitución considera a España "una e indivisible" y rechazó también la tesis de quienes sostienen que las acciones de la banda terrorista están movidas por una idea de "superioridad étnica" de los vascos. "Yo me llamo Fernández. Es un nombre español. Es ridículo hablar de superioridad. Son mentiras", aseveró el etarra.
Por su parte, Antonio Figal Arranz, alias Biskor, pidió igualmente al Tribunal que les juzgaba tener en cuenta el "contexto" político y no considerarles sólo como "personas que cometen acciones descerebradas".
