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El exalcalde de El Pedroso dice que cobró una ayuda social y no un ERE

Rafael Rosendo presenta por escrito su declaración ante la jueza Alaya en la que afirma que creía que la cantidad que recibía era legal.

el 09 sep 2011 / 20:00 h.

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El excalde socialista de El Pedroso, Rafael Rosendo, a su llegad al juzgado con su abogado.
Tras las vacaciones estivales la jueza Mercedes Alaya retomó la investigación de los supuestos expedientes de regulación de empleo (ERE) subvencionados por la Junta con la declaración de dos imputados. Los dos son naturales de la localidad de El Pedroso (Sevilla), de la que también es oriundo el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero -el principal imputado al ser el que gestionaba los fondos-, y ambos dijeron que creían que las cantidades recibidas eran legales.

El primero en comparecer era el exalcalde socialista de dicho municipio, Rafael Rosendo, quien se acogió a su derecho a no declarar, pero aportó al Juzgado de Instrucción número 6 un amplio escrito defendiendo su inocencia. A la salida de su comparecencia, su abogado, José Manuel García-Quílez, aclaró a los periodistas que, en contra de lo que se ha publicado en algunos medios de comunicación, Rosendo "no se encuentra incluido dentro del ERE de Cydeplast ni de cualquier otra empresa, por lo que en modo alguno se trata de un intruso en dichos expedientes".

El letrado aseguró que "en ninguno de los listados de los trabajadores beneficiados por este ERE aparece incluido el nombre de Rafael Rosendo", recordando que así "se extrae con rotundidad de la documentación" que obra en el sumario. Según el atestado policial, al que tuvo acceso este periódico, la póliza de la que se benefició Rosendo era individual y no colectiva (como ocurre en un ERE) y, de hecho, Guerrero pidió a la aseguradora que de los 1,9 millones de euros destinados al expediente de la empresa Cydeplast se desviaran 100.000 euros "a aperturar la póliza cuyos beneficiarios son Rafael Rosendo y José Antonio Gómez". En otra carta, ordena un nuevo desvío para varias pólizas, entre las que encuentra la de Rosendo.

El abogado del exalcalde explicó así que lo que recibió de parte de la Junta fue "una ayuda socioeconómica de carácter individual, igual a la otorgada a otros muchos trabajadores en paro con edad de prejubilación y difícil reinserción laboral" y cuya concesión siempre fue "legal" para Rosendo, ya que "según el ordenamiento jurídico español los actos de la Administración se presumen válidos".

Rosendo, cuya militancia en el PSOE fue suspendida por el partido, puso, tras conocer su implicación en el caso de los ERE, los 110.000 euros que cobró a través de esta póliza a disposición del juzgado. Por último, su letrado lamentó "el daño moral y a su imagen" causado por vincularlo con los intrusos en los ERE.

El otro imputado que declaró ayer fue Andrés Carrasco, quién explicó que era amigo de Guerrero y que acudió a él porque su negocio -una churrería- no le daba más que 700 euros mensuales de ingresos. Carrasco aseguró que siempre "confió en la legalidad" de lo que cobró.

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