El exalcalde de La Algaba José Luis Vega.
La Audiencia de Sevilla ha dictado una orden de búsqueda y captura contra José Luis Vega (IU), exalcalde de La Algaba (Sevilla) condenado a dos años y medio de cárcel por cohecho por pedir 60.000 euros a unos empresarios.
Fuentes del caso han informado a Efe de que el tribunal que le condenó ha enviado una requisitoria a la Guardia Civil de la localidad para que implemente el ingreso en prisión, al no haberlo hecho voluntariamente el interesado.
Vega fue condenado por pedir esa cantidad a los empresarios como condición para otorgarles una licencia urbanística, en un "acto de corrupción político-económica de especial gravedad".
Según la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia, Vega fue entre 2003 y 2009 alcalde de La Algaba, donde la empresa Arcopro promovía unas viviendas en la zona conocida como "Hoyo Barrero".
La empresa no obtuvo las licencias de primera ocupación, por lo que sus responsables iniciaron contactos con el entonces alcalde y éste, "de manera inesperada", otorgó los permisos el 16 de julio de 2008, "no obstante la existencia de informes jurídicos desfavorables a su otorgamiento suscritos por la Oficial Mayor del Ayuntamiento", de cuyo contenido "fue expresamente informado el acusado".
El cambio de posición se produjo porque Vega había solicitado a la empresa 60.000 euros a cambio de conceder tales licencias, aunque después estuvo dispuesto a rebajar la cantidad a 30.000 euros y finalmente otorgó la licencia, sin llegar a percibir dinero, "ante la sospecha fundada de que algunas de sus conversaciones habían sido grabadas".
Junto al entonces alcalde fue condenado a nueve meses de cárcel, como cómplice del cohecho, Antonio Muñoz Molina, que según la sentencia era un contratado laboral del Ayuntamiento y ocupaba el "difuso cargo de coordinador del grupo de Izquierda Unida".
Según los jueces, "ninguna credibilidad merecen las manifestaciones" de Vega de que desconocía el informe jurídico y además sus declaraciones no fueron coincidentes pues en el juzgado de instrucción no reconoció su voz como la que aparecía en las grabaciones y en el juicio declaró que recordó a un electricista que la constructora debía pagar 60.000 euros "pero que esta cantidad se correspondía con el importe de las tasas y de los jardines".
"PERJUICIO EN SU LIBERTAD PERSONAL" De este modo, y "ante la emisión del auto" por el cual se reclama el ingreso voluntario en prisión de Vega, su defensa ha recurrido en súplica dicha decisión al haberse interpuesto el referido recurso ante el Constitucional, en el cual se solicitaba la suspensión de la ejecución de la condena entretanto se resuelve el recurso de amparo.
"Siendo el Constitucional el único órgano que puede suspender el ingreso en prisión, entretanto se le ha solicitado a la Audiencia que se esté a lo que este órgano resuelva al respecto del recurso de amparo", argumenta el letrado, quien considera que "de procederse al ingreso voluntario en prisión o el decreto de la busca y captura sin que el TC resolviera, le supondría un gravísimo perjuicio en su libertad personal imposible de reparar".
Hay que recordar que el Tribunal Supremo, recientemente, ya rechazó el recurso del acusado contra la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial que lo condenó.
