Se veía venir y al final ocurrió: muchos ayuntamientos no tienen un euro y están echando a trabajadores. La época de las vacas gordas urbanísticas se esfumó, recortando dramáticamente los ingresos que habían permitido a los consistorios contrataciones desproporcionadas para sus posibilidades.
"Han vivido como nuevos ricos". La afirmación la hace José Sánchez Maldonado, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Málaga, que tiene claro que esto es "la crónica de una muerte anunciada". ¿Y por qué? Pues porque los ayuntamientos "se han acostumbrado a vivir de los convenios urbanísticos", que dejaban dinero a espuertas y animaban a los alcaldes a embarcarse en proyectos cada vez más importantes. Para mantener el ritmo la maquinaria no podía frenarse nunca. Pero al final se paró.
El problema es que cuando el viento hinchaba las velas los consistorios aprovecharon para reforzar sus plantillas, en muchos casos muy por encima de sus posibilidades sin los ingresos extraordinarios que ahora no tienen. Así lo reconoce el delegado provincial de Empleo, Antonio Rivas, quien apunta que "es necesario poner un poco de orden y establecer un criterio objetivo" para, por ejemplo, fijar el número de trabajadores en función de la población y que no haya "plantillas desproporcionadas" como ahora.
Las cosas, admite, no son tan sencillas. Y apostilla que los consistorios "reciben toda la presión de sus vecinos, la demanda directa". Si algo falla, el pueblo aporrea la puerta del ayuntamiento y le da igual si eso es competencia municipal o no. Eso ha llevado a un "excesivo celo" para dar mejores servicios. Pero cuando el dinero falta, no hay muchas soluciones: o se recortan servicios o se recorta personal. La balanza por ahora se ha inclinado por esto último.
"bancarrota". La reflexión del presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, va en esta línea al subrayar que los consistorios "asumen una carga de servicios que por ley no les corresponde". Esto obliga a que haya más trabajadores, lo que "ha disparado los gastos de personal" hasta comerse la mitad de muchos presupuestos municipales. "Hay consistorios que están casi en bancarrota porque esto no se puede soportar", pese a lo cual reitera que "no ha habido mala gestión por parte de los ayuntamientos".
No está del todo de acuerdo Sánchez Maldonado, ya que recuerda que parte del dinero proveniente de los convenios urbanísticos se ha ido incluyendo en los presupuestos municipales como una tasa. Así constan como ingresos corrientes, lo que permite pagar nóminas. Todo muy legal, pero también muy irreal porque al final acabó por estallar la tan renombrada burbuja inmobiliaria. "Y mucho ha tardado".
En la misma línea está el parlamentario andaluz por el PP Jaime Raynaud, que es también edil por Almensilla y para quien la situación es fruto de "la mala planificación y gestión de los ayuntamientos", que "han hecho las cuentas de la lechera" con el urbanismo. Eso sí, aprovecha para cargar contra la Junta, a la que acusa de no mejorar la financiación municipal.
¿Y los sindicatos cómo ven el panorama? Pues de una manera bastante parecida, porque para el secretario provincial de Administración Pública de CCOO, Javier Pino, al frenazo en los ingresos se une una "mala gestión" con un final cantado: "se perderá calidad en los servicios y empleos a la vez que crecerán las tasas". Su homólogo en UGT, Ignacio Limón, apostilla que "todos los que tienen problemas están en el área de expansión de Sevilla. Ahí ha entrado mucho dinero por los convenios y se ha contratado a más personal de la cuenta". Ahí lo han hecho mal los ayuntamientos, porque "si empleas dinero extra en dar trabajo tienes que saber que el grifo tiene un límite".
José Sánchez Maldonado, catedrático de Hacienda Pública, tiene claro que se ha actuado así porque los urbanísticos "son unos ingresos sin coste político", permiten prestar servicios sin subir los impuestos. Además, y eso siempre gusta en el pueblo, hace falta más personal, que encima se puede seleccionar porque se han creado empresas públicas que escapan a las reglas del juego de las oposiciones, siempre más estrictas y ajustadas a lo que son las dimensiones reales del municipio.
Estabilidad. Pero aquello se acabó. No sólo se cortó el grifo urbanístico, sino que la Junta sacó en septiembre del año pasado una Ley de Estabilidad Presupuestaria que impide a los ayuntamientos endeudarse (deben justificarlo con un plan financiero) y obliga a que las empresas públicas no vayan por libre, incluyendo sus cuentas en el presupuesto municipal. Esto ha teñido de rojo los números de muchas finanzas locales.
También es verdad que se han juntado el hambre con las ganas de comer, porque entró en vigor el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (la versión para el área metropolitana de Sevilla, el Potaus, se aprobará a principios de año), que le cortó las alas a alcaldes que soñaban con construir viviendas suficientes para hasta triplicar su población. El cuadro lo termina de dibujar el detalle de que en 2007 hubo elecciones municipales, y ya se sabe que en estas ocasiones se es especialmente pródigo al contratar personal. Al final, juntándolo todo, los ayuntamientos se ven como se ven, algo que Sánchez Maldonado remacha de manera gráfica "están con el agua al cuello".