Juan Francisco Trujillo a su llegada a la Audiencia.
El que fuera chófer del exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero ha presentado un escrito ante el Juzgado de Instrucción número 6 su libertad sin fianza, reclamando así que le retire la fianza impuesta por la Audiencia Provincial de 150.000 euros como condición para poder salir de la prisión, donde ingresó el pasado 21 de marzo imputado por 22 delitos debido a su implicación en los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.Según confirmaron fuentes judiciales, el escrito de Juan Francisco Trujillo ha sido presentado recientemente para que sea la jueza Mercedes Alaya la que lo resuelva al no haber podido reunir la fianza de 150.000 euros impuesta por a la Sección Séptima el pasado 14 de junio, pese a que cuando solicitó su excarcelación lo hizo directamente ante la Audiencia, sin pasar por la magistrada, que fue la que le envió a prisión.
En el mismo escrito, el letrado hace alusión a la queja que recientemente archivó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en la que hacía referencia a la tardanza de la Sección Séptima en resolver su recurso. Según el abogado, él no ha presentado dicho escrito, sino que su firma fue falsificada. Para ello incluso ha aportado una prueba caligráfica, junto a un recurso de reposición presentado en el Alto Tribunal andaluz.
Alaya decidió enviar a prisión a Trujillo por el riesgo de fuga y la posibilidad de que pudiera destruir pruebas, después de que le relatara que él gastaba unos 25.000 euros mensuales (casi un millón de euros en total) en cocaína con dinero público de las ayudas. En cambio, la Audiencia decidió dejarlo en libertad bajo fianza negando que existiera riesgo de fuga, pues en los dos años que lleva en litigios judiciales "ha respondido a los múltiples requerimientos judiciales", así como "por su actitud colaboradora".
Asimismo, también cuestionó que pudiera destruir pruebas, máxime cuando la documentación de sus empresas, que recibieron más de un millón de euros en ayudas públicas, se encuentra en una gestoría a la que Trujillo adeuda diversas cantidades. Ante esta situación, para los jueces "difícilmente cabe sospechar que la gestoría quiera favorecer los intereses del imputado"
